Este lunes 10 de febrero vence el plazo para que empresarios y comerciantes del país se ajusten a Ley Orgánica de Precios Justos, que establece ganancias máximas de 30% para garantizar precios de acuerdo a la estructura de costos de producción y no de la especulación. AVN
Esta ley entró en vigencia el 23 de enero de este año. Fue diseñada por un equipo de abogados dirigidos por el Presidente Nicolás Maduro, quien la aprobó vía habilitante, como una herramienta más para hacer frente a la guerra económica que ha denunciado y que provocó una ola especulativa que el año pasado hizo que empresarios y comerciantes del país vendieran productos esenciales con hasta 2.000% por encima de su valor real.
Luego de la entrada en vigencia de la normativa, el Gobierno Nacional organizó una serie de talleres por todo el país explicando los alcances de la norma a consejos comunales, dirigentes, autoridades y pequeños comerciantes y empresarios.
“A partir del lunes al lugar al que lleguemos y esté acaparando y especulando se va a aplicar la ley. Nadie tendrá excusas porque (la ley) ya tiene tres semanas de publicada”, sentenció Maduro este viernes, durante una asamblea en Cúa, en el estado Miranda.
El presidente Maduro ha reiterado este llamado en los actos políticos que ha dirigido las últimas semanas. El 4 de febrero aseveró que haría cumplir la ley. “Si el lunes que viene encontramos unidades económicas o empresas violando la Ley de Precios Justos voy a intervenir, voy a tomar las medidas más radicales que haya que tomar para que el pueblo entre entonces a esas unidades a producir, a trabajar”, expresó.
La ley busca equilibrar la economía venezolana para poner las bases del Nuevo Orden Económico, planteado por el primer mandatario para que el país dé el salto hacia la industrialización, con base en precios y ganancias justas.
Sanciones
La Ley establece sanciones para 30 ilícitos entre sustantivos y genéricos, en el ámbito de las actividades económicas de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios.
Destaca la pena de prisión entre 2 y 14 años, de acuerdo al delito cometido. La más graves, como el de contrabando de extracción, el boicot y la desestabilización económica será de 14 años.
Las infracciones serán multadas con entre 200 y 50.000 UT, con la suspensión temporal en el registro de personas que desarrollan actividades económicas y con la ocupación temporal o intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios, transporte de bienes por un lapso de hasta 180 días.
Despliegue
Este viernes, el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez anunció que la puesta en práctica de la ley contará con el despliegue del Gobierno Nacional y del pueblo.
“A partir del lunes (habrá) una actividad desplegada para poner las cosas en su sitio”, dijo en referencia a los nuevos precios que deben marcar los productos importados con dólares preferenciales.
“La especulación le hace mucho daño a nuestra economía, a diversos sectores del país y el gobierno está en la responsabilidad de tomar las medidas más severas”, adelantó.