La recién aprobada Ley de Precios Justos es un instrumento jurídico punitivo, que criminaliza aún más la actividad económica y que “ahuyenta a inversionistas y emprendedores”, advierte el economista Alfredo Gordon. La Verdad
La aplicación de la normativa conllevaría el cierre de más empresas, que se sumarían a las 200 mil que desaparecieron en los últimos 10 años, de acuerdo con cifras de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras).
El analista considera que no existe incentivo para producir en el país ante la existencia de un reglamento que establece hasta 15 delitos penales y 14 años de prisión cuando se considere que existen irregularidades en las actividades económicas.
Agrega que la ley incluye términos novedosos como “desestabilización económica, reventa de productos de primera necesidad y corrupción entre particulares”, aplicables a los actores que se desempeñen en las áreas de producción y comercio.
Gordon alerta de que otro factor que desestimula las inversiones es que el instrumento establece que todas las empresas son de utilidad pública, por lo tanto, son susceptibles de ser expropiadas o confiscadas cuando las autoridades lo consideren.
Ya Nicolás Maduro, presidente de la República, advirtió de que desde mañana empezará a expropiar a las compañías que no se adapten al nuevo instrumento legal.