En ese sentido, los fiscales 65° y auxiliar y 5° auxiliares, todos con competencia nacional, María Teresa Cortes, Alexis Rodríguez, Víctor Pacheco y Licet Moreno, respectivamente, acusaron a los propietarios de los restaurantes “Yovara”, “Ferros” y “Campestre”: los hermanos Carlos y Ángel Pérez Dávila, así como a Jean Uzcátegui Montes y Jorge Moreno Contreras, por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso impropio en grado de cooperadores inmediatos, boicot y asociación para delinquir.
Tales delitos están previstos y sancionados en las leyes contra la Corrupción, para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En el escrito presentado ante el Tribunal 1° de Control del área metropolitana de Caracas, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de estos cuatro comerciantes, quienes están recluidos en la Penitenciaría General de Venezuela ubicada en San Juan de Los Morros, estado Guárico.
El caso se inició ante las denuncias de vecinos del sector turístico de la parroquia El Junquito, quienes refirieron a las autoridades que a los comercios antes indicados regularmente ingresaban grandes cantidades de alimentos, por lo que presumían que eran de los que el Ejecutivo Nacional distribuía para la población a precios regulados y subsidiados.
De esta manera, comenzó una labor de inteligencia, lo cual permitió que efectivos del Comando Regional N° 5 de la Guardia Nacional Bolivariana realizaran una inspección en los tres restaurantes antes referidos.
Durante el procedimiento, fueron incautados 2.067 kilogramos de pernil, 297 de pollo, 1.034 de embutidos y 42 de queso, productos que fueron inventariados en presencia de funcionarios de Mercal y de otros organismos del Estado.
Ello obligó a la aprehensión de los cuatro hombres, quienes fueron puestos a la orden del Ministerio Público.