La defensora del pueblo de Venezuela, Gabriela Ramírez, dijo hoy que su despacho no ha recibido denuncias de violaciones de los derechos humanos relacionadas con las protestas que tienen lugar desde el pasado día 12 en el país, y negó que el dirigente Leopoldo López sea un preso político.
“A lo mejor muchas personas aspiran o esperan que yo me haga eco de denuncias que no han sido comprobadas (…) todos tenemos que ser muy cuidadosos”, señaló la defensora del pueblo (ombudsman) al canal privado Globovisión.
Ramírez se defendió de quienes le han acusado de no intervenir en los supuestos excesos de autoridades policiales y militares durante las protestas que se han producido en los últimos días y aseguró que los funcionarios de su despacho ha acompañado “a todas las personas que han sido presentadas” ante la justicia.
La funcionaria indicó que en caso de que existan algunas acusaciones que no han llegado a la Defensoría del Pueblo, su oficina impulsará su investigación, denuncias “que pudieran constituir actuaciones aisladas de funcionarios uniformados”.
Apuntó, asimismo, que no se han violado los derechos humanos del dirigente opositor Leopoldo López, que se entregó a la Justicia el martes pasado después de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra tras los hechos de violencia del día 12.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha responsabilizado directamente a López, quien se encuentra desde el martes en una prisión militar a las afueras de Caracas, por la violencia que se generó al término de esa marcha y que dejó tres muertos y decenas de heridos.
“No creo que sea un preso político, ahí hay una serie de acusaciones muy claras que están sustentadas en el expediente, no tengo acceso a ese expediente (…) pero solo tenemos acceso a los expedientes donde se han violado los derechos humanos, no es el caso de Leopoldo López”, señaló.
Además, comentó que la esposa de López, Lilian Tintori, supuestamente reconoció que la entrega del dirigente, que está acusado entre otros cargos de asociación para delinquir e instigación, “era la garantía de su vida”.
Dijo desconocer si funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se presentaron armados en la marcha del día 12 pasado, a cuyo término se produjeron tres muertos.
Maduro indicó que ese día había funcionarios de ese cuerpo en las proximidades de la marcha a pesar de que había orden de acuartelamiento, lo que, dijo, sancionaría.
“Las manifestaciones pacíficas están protegidas por la Constitución, las manifestaciones violentas entran dentro de otro tema y tienen otros métodos de disuasión que incorporan el uso progresivo de la fuerza física”, indicó.
El mandatario criticó que organismos internacionales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hayan pronunciado con respecto a las protestas y señaló que esas opiniones hablan “de una cierta complicidad internacional”.
“Se están haciendo pronunciamientos sin conocimiento de causa y uno de los aspectos para elevar pronunciamientos de orden internacional en materia de derechos humanos es que se agoten las instancias internas”, dijo.
Ramírez indicó que cuando una instancia internacional “sale apresuradamente a pronunciarse sobre temas que no conoce muy bien (…) llama a la suspicacia”.
Con respecto a las protestas que se han producido en el fronterizo estado Táchira (oeste) y la orden de enviar un batallón de paracaidistas que dio el jueves el presidente Maduro, la defensora indicó que en esa zona “se ha permeado la violencia de Colombia”.
“La militarización del Táchira ha querido magnificarse”, apuntó Ramírez.
EFE