Ong´s venezolanas estudian denunciar al presidente Nicolás Maduro ante la CPI, y muchos de los hechos acaecidos en las últimas semanas en Venezuela serían competencia de la CPI.
Por Pablo Gámez, elTOQUE
“Muchos de los hechos que han tenido lugar en Venezuela durante las últimas meses y semanas, son de la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI)”, alega Pedro Olmedillo, abogado y jurista internacional venezolano.
Ex asesor de Ong’s en materia de derechos humanos y actualmente desempeñándose en la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea, Olmedillo ha venido analizando la situación por la que atraviesa su país, marcado por una profunda división política y un pulso en las calles a través de protestas a favor y en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Distintos sectores de Venezuela califican la situación de “crítica” y barajan la posibilidad de denunciar al presidente Maduro ante la CPI, con sede en La Haya, Holanda.
“El presidente Nicolás Maduro ha profundizado en una política pública de estado de persecución de grupos opositores a su régimen. Se profundiza porque Maduro, en las últimas semanas y de forma pública, ha expresado que aniquilarán a todos los grupos que él considera fascistas de derecha. ¿Qué quiénes son? ¡Casi la mitad de este país!”, dice Diego Arria, quien en 2011 presentó ante la CPI una notificación contra el ex presidente Hugo Chávez Frías.
¿Competencia de la CPI?
Olmedillo: “Recordemos que la CPI fue creada para conocer sobre los casos más graves y las violaciones más atroces de los derechos humanos que se comenten o se han cometido por parte de los jefes de estado. Es atribución del Fiscal de la CPI decidir si las violaciones perpetradas en Venezuela clasifican para ser consideradas como atroces o de seria violación a los derechos humanos”, puntualiza el jurista.
A lo que Diego Arria agrega: “ Contra los llamados fascistas de derecha es que actúa la Guardia Nacional, la Policía Nacional y los cuerpos de inteligencia. En adición, el Gobierno ha creado grupos paramilitares, los colectivos, que actúan como cuerpos de choque contra los fascista de derecha. Maduro ordena a esos cuerpos agredir, perseguir e incluso a torturar”.
Una cosa es cierta, agrega Olmedillo, y es que desde su punto de vista “se están acumulando las denuncias y notificaciones que llegan al Fiscal de la CPI.
No crea que se pierden o quedan en el limbo. Llegará el momento en que el Fiscal dirá que efectivamente se podría actuar”, puntualiza el jurista internacional venezolano.
Cuando se creó la CPI en 2002, a nivel internacional hubo muchas consideraciones respecto del efecto intimidatorio que este organismo de las Naciones Unidas llegaría a tener sobre los jefes de estado en el mundo; en el entendido de que presidentes o jefes de estado ya no podrían actuar de forma impune, habida cuenta de la existencia de una corte internacional que los podría enjuiciar.
Olmedillo opina que “es necesario trasmitir a la población de Venezuela que la CPI existe y que hay la posibilidad real de que se produzca un caso contra las autoridades venezolanas por crímenes de lesa humanidad”.
El Foro Penal de Venezuela, Control Ciudadano, Fundación por los Derechos a la Equidad Ciudadana (FUNDECI) y un conjunto de ong´s están documentado la información necesaria para realizar la notificación ante la CPI.
Diego Arria: “Al haberse Venezuela retirado de la Convención Interamericana de DDHH, el país se quedó casi sin foro donde apelar los abusos a los derechos humanos. La CPI se convierte en un destino muy importante, en la medida en que se pueda documentar la denuncia. Queremos aunar esfuerzos y entrar a la CPI en conjunto, no por distintas vías”.
El profesor adjunto de derecho internacional de la Universidad de Maastricht, Fabián Raimundo sostiene que en los últimos años ha habido un abuso del concepto de crimen de lesa humanidad y de genocidio. “Ciertos hechos pueden ser criminales y pueden ser muy graves sin necesariamente constituir ninguna de estas categorías”. El jurista recalca la importancia de conocer bien la definición que el Estatuto de Roma estableció para un crimen contra la humanidad.
El caso contra Hugo Chávez
En noviembre de 2011, el ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Diego Arria, llegó a La Haya para denunciar al ex presidente Hugo Chávez.
Arria aspiraba a ser el candidato opositor único en las elecciones presidenciales que acontecieron en 2012. El caso contra Hugo Chávez perseguía juzgarlo por delitos de lesa humanidad, incluyendo desde asesinatos hasta desplazamientos forzados y eliminación de la propiedad. Más de 600 páginas de documentación, producto de dos años de trabajo.
Según el reglamento de la CPI, la Fiscalía tiene la obligación de analizar estas notificaciones que le remiten individuos, estados u organizaciones para confirmar si tiene capacidad de actuar. “Mi tarea es abrir investigaciones, no solamente, cuando haya casos de crímenes bajo nuestra jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones”, decía Luis Moreno Ocampo, otrora fiscal general de la CPI, una semana después de presentar el caso contra el ex presidente Chávez.
“Son notificaciones que se están instruyendo y que eventualmente pueden dar lugar a una decisión del Fiscal de enjuiciar”, dice el jurista Pedro Olmedillo. Y agrega: “Independientemente de la gravedad y número de violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela, una de las condiciones para que la CPI tenga competencia es que el sistema judicial del país no esté en capacidad o no quiera enjuiciar esos delitos”.
Organismos pro defensa de los DD.HH como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han documentado que “Venezuela no está en capacidad de enjuiciar esos casos”.
A lo que Olmedillo dice que “el país necesita ayuda internacional para resolver los abusos de violaciones a los derechos humanos. Es mi opinión: No veo al sistema judicial de Venezuela capaz de atender esos casos”.
Fue el 7 de junio de 2000 que Venezuela ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional. El entonces ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, depositó el instrumento de ratificación en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. De esta manera, Venezuela se convirtió en el primer país de la región andina y de América Latina que ratificaba el Estatuto de la Corte Penal Internacional.