El Comité de familiares de víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic) emitió un comunicado donde cuestionan la impunidad en sus casos y exigen la excesiva represión de los cuerpos de seguridad del Estado en el marco de las protestas que sacuden a Venezuela en las últimas semanas.
Comunicado
A 25 años del Caracazo familiares de víctimas agrupados en el Comité de familiares de víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC) se pronuncian sobre la impunidad que ha prevalecido en sus casos y piden el cese de la represión actual que se ha venido desarrollando en el marco de las protestas estudiantiles en varias ciudades del país.
A. Con relación al Caracazo:
1. Vemos con preocupación que en cada aniversario del Caracazo, importantes instituciones del Estado bajo el lema de una “celebración o conmemoración” anuncian una serie de acciones legales que luego no tienen ningún seguimiento real de las autoridades judiciales, lo que se corrobora con que hasta la fecha no se han establecidos responsabilidades individuales en los crímenes cometidos ni se ha establecido la verdad de lo ocurrido hace más de dos décadas.
2. Luego de 25 años del Caracazo, el Estado venezolano, en los últimos 10 años, durante cada aniversario intenta generar una matriz de opinión en la que predomina la idea de que se está haciendo justicia en estos hechos, invisibilizando una vez más a las víctimas y a la impunidad.
3. Luego de 25 años no se ha establecido una sola condena en contra de los responsables, ni se sabe quiénes dispararon en Catia, El Valle, Petare o La Vega en contra de humildes viviendas, ni quién dio la orden de enterrar los cadáveres en fosas clandestinas y quiénes ejecutaron esa orden. Esas preguntas pareciera que no estuvieron ni están actualmente en la línea de investigación de las autoridades. Esa deuda de la justicia venezolana sigue pendiente por falta de voluntad política, para buscar una respuesta despolitizada que toque todos los intereses que sean necesarios y de satisfacción a la verdad.
4. El proceso de exhumación e identificación de los restos de las víctimas del Caracazo que se encontraban en el sector La Peste del Cementerio General del Sur, iniciado el 21 de septiembre de 2009, luego de más de cuatro años no ha logrado resultados que permitan identificar plenamente los restos hallados en la fosas clandestinas, ni mucho menos la entrega a los familiares de las víctimas. Casi cinco años después de esta segunda exhumación, a pesar de las múltiples expectativas que se sembraron en las víctimas, los familiares de del Caracazo carecen de información técnica y precisa de los resultados de este proceso de identificación y aún continúan sin poder participar directamente en el mismo.
B. Derechos humanos en el contexto de las protestas estudiantiles:
Cabe recordar que en el Caracazo existió un patrón común caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales, acompañado del ocultamiento y destrucción de evidencia, así como el empleo de mecanismos institucionales para asegurar la impunidad de los hechos[1]. Ante una serie de actos represivos y graves violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en el desarrollo de las protestas estudiantiles que se han realizado en varias ciudades del país desde el 4 de febrero del 2014 hasta la actualidad:
1. Exigimos el cese de la represión y que se realicen investigaciones de oficio, que sean totalmente independientes, imparciales, transparentes y efectivas sobre las violaciones de los derechos humanos denunciadas en estos últimos días en el marco del contexto de las protestas estudiantiles.
2. Requerimos al Estado venezolano que controle de forma inmediata a los grupos armados civiles que asedien, hostiguen residencias familiares y cometan crímenes. Los grupos civiles armados que gocen de la aquiescencia del Estado cometen graves violaciones de los derechos humanos, por ello el Estado debe desmarcarse de estas actuaciones y realizar investigaciones imparciales y efectivas que determinen las responsabilidades pertinentes.
3. Exhortamos, una vez más al Estado venezolano a adecuar sus mecanismos de control del orden público con los principales estándares de respeto y garantía de los derechos humanos. El establecimiento de la verdad y justicia también deben estar acompañados de las garantías de no repetición de hechos como El Caracazo, a través de la adecuación de planes de control de orden público de acuerdo con estándares internacionales, por lo que esto también constituye un punto pendiente en este caso y en otros casos de violaciones de Derechos Humanos en Venezuela.
Todas las medidas de restablecimiento del orden deben ser compatibles con los derechos humanos y los principios de una sociedad democrática.
El Estado venezolano está en la obligación constitucional de armonizar sus planes operativos de control del orden público al establecimiento del orden, disponiendo de diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza, manteniendo el funcionamiento independiente del Poder Judicial y respetando, garantizando el debido proceso y la garantías judiciales de todas las personas, elaborando técnicas de control de multitudes que reduzcan al mínimo la necesidad de recurrir a la fuerza, empleando técnicas de persuasión, mediación y negociación; así como cumpliendo la prohibición constitucional del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución.
También, es una obligación del Estado reparar integralmente a las víctimas, tomando en cuenta que el verdadero sentido de las reparaciones luego de graves violaciones a los derechos humanos son un conjunto de medidas orientadas a restituir derechos y mejorar la situación de las víctimas, para impulsar reformas, legislativas, administrativas y políticas que impidan la repetición de las violaciones y se diseñan con la participación activa de las mismas.
COFAVIC hace un llamado al Estado venezolano a que con su accionar no contribuya a intensificar el dolor de las víctimas y sus familiares, es a través del establecimiento de la verdad, la sanción a los responsables y el cabal cumplimiento del Estado de Derecho, que la paz y la convivencia democrática se ven materializadas y en ello el Estado tiene la responsabilidad de actuar inmediatamente.