Un estudiante de ingeniería armado con una honda comanda una barricada. Un PhD en biología organiza a los residentes de un barrio sublevado. Una economista jubilada reza por los jóvenes encapuchados que vigilan su edificio.
Bienvenidos a Mérida, una pequeña ciudad universitaria del oeste de Venezuela donde estudiantes y profesores llevan más de un mes alzados contra el presidente socialista Nicolás Maduro.
Por Esteban Israel/Reuters
Hartos de la escasez de alimentos y los índices de violencia de una zona de guerra, los residentes de esta ciudad a los pies de los Andes se parapetaron tras barricadas hechas con muebles, vallas, árboles y hasta señales de tráfico.
“Esto es una olla de presión y por algún lugar tenía que reventar”, dice “El Rojo”, un profesor de biología en la Universidad de Los Andes que lleva una camiseta de Hard Rock Café y el pelo recogido en una coleta.
Los vecinos de Humboldt, un barrio de clase media en el sur de Mérida, bloquearon los accesos con planchas de metal sacadas de una obra. Un muñeco de trapo con la camiseta roja de los seguidores del gobierno cuelga de un semáforo.
“Decidimos cerrar por la inseguridad”, explica el profesor de 40 años, que como decenas de personas entrevistas en las barricadas usa un seudónimo por temor a represalias. “Estamos absolutamente organizados. Tenemos sistemas de alarma, médicos, farmacia, vigilancia las 24 horas del día”.
Maduro dijo el domingo que “liberaría” focos de resistencia como el de Humboldt, en un intento por sofocar de una vez y por todas las protestas que han dejado 29 muertos. El presidente acusa a la oposición de sembrar el caos para provocar un golpe como el que sufrió en el 2002 su mentor, el fallecido Hugo Chávez.
Pero en las barricadas de Mérida dicen que reciben órdenes de nadie.
“Aquí no está metido ningún partido político”, dice “Abreu”, un estudiante de ingeniería de 22 años encapuchado al frente de una barricada en Los Sauzales, una urbanización un poco más al norte. “Esto es resistencia civil. Es el pueblo cansado de hacer cola para comprar papel higiénico, cansado de que lo roben”.
“Estamos en guerra”
El detonante de las protestas más violentas de la última década fue el intento de violación de una estudiante en San Cristóbal, una ciudad al suroeste de Mérida.
Las manifestaciones se propagaron rápidamente al resto del país, ahondando la polarización en la nación de la OPEP.
Y con más de 60.000 estudiantes de la Universidad de Los Andes, o una cuarta parte de su población, esta ciudad a una hora de vuelo de Caracas se convirtió en uno de los mayores focos de las protestas.
Algunas de las mayores batallas entre vecinos y militares se libraron en la avenida Cardenal Quintero, en el extremo nordeste de la ciudad.
Aquí los residentes no sólo levantaron barricadas, sino que atravesaron también alambres de púas a lo ancho de la calle para protegerse de los motociclistas armados que, dicen, el gobierno usa como tropa de choque.
Un joven custodia la entrada de un complejo de edificios con un rudimentario mortero fabricado con un tubo de metal del que asoma un petardo casero envuelto en papel de fotocopia. Junto a él hay varios cubos llenos de piedras, por si acaso.
En el estacionamiento del edificio una docena de muchachos comen papas asadas sentados en el piso. Desconfiado, un joven de barba y torso descubierto googlea el nombre del reportero en su teléfono celular.
“Estamos en guerra”, explica “El Arabe”, un estudiante de 23 años, mostrando la espalda llena de cicatrices causadas, dice, por los perdigones disparados por la Guardia Nacional durante un reciente asalto.
“Aquí está pasando lo mismo que en Ucrania, donde el pueblo se hartó del presidente”, añadió, aludiendo a las protestas que llevaron a la destitución en febrero de Viktor Yanukovich.
En Venezuela, sin embargo, nada indica hasta el momento que Maduro pueda correr la misma suerte.
Unos metros más allá una decena de mujeres reza sentadas en la acera. Son profesoras que cocinan para el “Arabe” y el resto de los muchachos que vigilan la entrada del edificio.
“Si nos quitan la barricada, las volveremos a poner”, dice Belkis, una economista jubilada. “Vamos hasta el final”.
“No sabemos nada”
Mérida fue noticia la semana pasada por la muerte a tiros de una mujer chilena cerca de una barricada.
Las autoridades dicen que Gisella Rubilar, una simpatizante del gobierno de 47 años, fue asesinada por opositores cuando despejaba una avenida cerca de su casa en el norte de Mérida.
Pero sus vecinos en la comunidad de Pie del Tiro no quieren hablar del asunto. “No sabemos nada”, asegura un hombre parado frente a la modesta casa donde vivía Rubilar, a dos cuadras del lugar donde fue abatida de un disparo en la cabeza. “Nadie aquí sabe nada”.
En las elecciones presidenciales del 2013 para suceder a Chávez, Mérida votó abrumadoramente por el opositor Henrique Capriles, que obtuvo un 69,2 por ciento de los votos o más del doble que Maduro. La alcaldía está en manos de la oposición, pero el estado en manos del gobernante Partido Socialista.
Los residentes de Mérida dicen que el gobierno usa grupos de motociclistas armados para hostigarlos.
Parado delante de un supermercado donde cientos de personas hacen fila para comprar papel higiénico, Eduardo “Zulú” Parra, un partidario del gobierno de Maduro, cuenta que participa en las operaciones para despejar las barricadas.
Los opositores no tienen derecho a bloquear las calles de Mérida, dice Zulú, que lleva un casco de motociclista encima de una gorra de béisbol. “Estoy triste de ver la situación en mi país”, explica. “Yo también estoy cansado”.
Consultado si los motociclistas van armados, como aseguran los residentes, respondió: “Cuando salimos a defender la patria, salimos a defender también nuestras vidas”.
¿Hasta cuándo?
En las barricadas de Mérida juran que resistirán mientras sea necesario.
Pero partes de la ciudad están volviendo poco a poco a la normalidad, a medida que algunos residentes se cansan de los bloqueos que complican la distribución de comida y agravan el desabastecimiento.
La economía de Mérida, que depende en gran medida del turismo, también está sintiendo el golpe. En febrero los disturbios obligaron a cancelar las fiestas de carnaval.
“Y las reservaciones de hoteles para Semana Santa, la gran temporada del año, cayeron desde 90 hasta 30 por ciento”, dice Gerardo Montilla, presidente de la Cámara de Turismo del Estado de Mérida. “El panorama es un poquito sombrío”.
El y otros empresarios entregaron al Gobierno una propuesta para solucionar la crisis en Mérida. El primer punto, explica, es desarmar a los grupos paramilitares que asolan la ciudad.
En Humboldt, el barrio sublevado, los vecinos rumorean que se acerca una columna de la Guardia Nacional o que cientos de motociclistas preparan un asalto.
Y los más veteranos, como El Rojo, saben que a pesar de un mes de protestas, Maduro no está a punto de caer. Su visión es de más largo plazo.
“Los muchachos quieren que se vaya”, dice. “Pero nosotros, los mayores, les decimos que esto no es tan fácil. No es que se vaya un presidente y ya se solucionó todo”.
Reuters/Reporte de Esteban Israel, editado por Gabriela Donoso