La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) inicia mañana su 150 jornada de audiencias públicas con la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro; la situación en Venezuela y el impacto de las políticas sobre drogas, como puntos fuerte.
El órgano continental ha programado cuatro audiencias públicas sobre Venezuela el próximo 28 de marzo, dentro de su 150 periodo de sesiones que tendrá lugar hasta el 4 de abril.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, se mostró confiado en que las audiencias de esta semana puedan convertirse en un “espacio de diálogo” entre el Gobierno y la sociedad civil de Venezuela, para avanzar hacia una resolución de la crisis que vive el país.
Las audiencias, a las que están convocados representantes del Estado de Venezuela y de varias organizaciones civiles, versarán sobre la situación general de derechos humanos en el país, de las personas privadas de libertad, la situación del derecho a la libertad de expresión y los conflictos laborales.
En la segunda, la relativa a las personas privadas de libertad, es posible que salga a la luz el caso del opositor venezolano Leopoldo López, detenido desde hace un mes en una prisión militar por su papel en las protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Otro de los temas importantes, será la posibilidad de hacer un informe de fondo sobre las garantías a los derechos políticos en Colombia, incluido el caso de la destitución del alcalde de Bogotá Gustavo Petro.
Las principales reuniones sobre Colombia se realizarán mañana, y allí se abordará en especial el tema de “Régimen legal y práctica institucional para imponer restricciones a los derechos políticos de las personas en Colombia”.
Petro, quien en su juventud militó en el grupo guerrillero M-19, fue elegido por voto popular para el periodo 2012-2015 tras haber sido en varias ocasiones congresista y candidato a la Presidencia en las elecciones de 2010.
El pasado 9 de diciembre el procurador general, Alejandro Ordóñez, le destituyó e inhabilitó por 15 años por hechos vinculados con un cambio del sistema de recogida de basura de Bogotá que generó un caos.
En una entrevista con Efe la pasada semana, Álvarez Icaza manifestó que la CIDH espera que el Gobierno de Colombia acate las medidas emitidas por el organismo y ponga en suspenso la destitución de Petro.
El Gobierno de Colombia tiene tres meses para enviar comentarios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes de que ese organismo entre a valorar “a fondo” el caso de Petro, dijo el secretario ejecutivo de la Comisión.
Además, el órgano dedicará por primera vez un encuentro a analizar los impactos de las políticas sobre drogas en los derechos humanos el próximo 25 de marzo.
Esta audiencia, solicitada por 16 organizaciones de once países, planteará a la CIDH la necesidad de revisar el enfoque de las políticas de drogas vigentes y reclaman que tengan los derechos humanos y la reducción de la violencia como objetivos principales. EFE