Como parte del balance de la gestión de la Asamblea Nacional en 2013, la publicación Monitor Parlamentario Nº 5, de marzo de 2014 resalta los siguientes hechos: la utilización del procedimiento del allanamiento a la inmunidad de dos de sus diputados por parte de una mayoría circunstancial, la cesión de sus funciones legislativas al Poder Ejecutivo al aprobar de forma irregular una Ley Habilitante, aplicando para ello el allanamiento de la inmunidad de la parlamentaria María Aranguren; 89 de los 165 diputados no rindieron cuentas de su gestión 2012 a sus electores según el portal web de la propia AN; y el caso novedoso de la participación de un grupo de diputados como candidatos a gobernadores y alcaldes en las elecciones Regionales del 16D 2012 y las Municipales del 8D 2013. Prensa Súmate
Ante el creciente clima de tensión que invade la vida política del país, resulta crucial que la Asamblea Nacional asuma el ejercicio de su función de contraloría política y de gestión sobre la Administración Pública Nacional y sobre el Ejecutivo en especial, ejerciendo los diversos mecanismos de control consagrados en la Constitución: interpelaciones, investigaciones, preguntas, autorizaciones y aprobaciones, entre otros, pudiendo también investigar y declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones para hacerla efectiva como lo establecen los artículos 187 y 222 de la Constitución de la República.
El país reclama un ejercicio eficiente de la función parlamentaria, al tiempo que demanda una profunda vinculación con las entidades federales y con las necesidades del pueblo. El Estado requiere un desarrollo de la gestión parlamentaria acorde con los cambios del país, como expresión de los reclamos y problemas sociales que sufre la población venezolana.
Mucho se ha escrito acerca del papel de la Asamblea Nacional en la Democracia venezolana, sólo en 2013 el balance es esclarecedor: cumple apenas con el 51,72% de la agenda legislativa; aprueba 265 créditos adicionales que incrementan en 70,23% el presupuesto nacional; sanciona una nueva Ley Habilitante al Poder Ejecutivo que le otorga poderes amplios, incluso en materias exclusivas del Parlamento, al Presidente de la República, dejando en manos de una sola persona la actividad legislativa del país; mantiene la mora en la designación del Contralor General de la República, de 11 Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de tres 3 Rectores principales del Consejo Nacional Electoral con sus 6 suplentes; llevó a cabo los “allanamientos” de la inmunidad de los diputados Richard Mardo y María Aranguren, utilizados para inhabilitarlos y modificar la correlación de fuerzas políticas dentro del Parlamento Nacional; aprobó solicitar el allanamiento a la diputada María Corina Machado e ignoró reiteradamente todas las solicitudes de las fuerzas de la Unidad Democrática para debatir acerca de los múltiples problemas del país, y con ello a más del 52% de los venezolanos que votaron en septiembre de 2010 por candidatos distintos al PSUV y sus aliados.
En momentos en los cuales se exclama desde todos los sectores de la sociedad la necesidad de un diálogo nacional para solucionar la grave crisis social, política y económica que nos afecta y donde no hay acuerdos claros sobre cuál ha de ser el marco mínimo de “condiciones” o “reglas del juego” para un diálogo; desde Súmate y a través de este Monitor Parlamentario, más allá del balance negativo que presenta la Asamblea Nacional durante un año de su gestión, observamos cómo la mayoría del Parlamento se ha colocado de espaldas a la Constitución de la República, tanto de su espíritu como del marco específico establecido en la misma y de los venezolanos al no representar y asumir los intereses más sentidos de la población, al tiempo que dicho órgano legislativo continúa actuando al servicio del Poder Ejecutivo dejando de cumplir con su rol de garante de la Constitución y los derechos ahí consagrados y como parte del equilibrio de poderes necesario en toda democracia.
A la fragilidad de la legitimidad de origen de la Asamblea Nacional, herida al constituirse con un balance de fuerzas políticas contrario a la voluntad soberana expresada en las elecciones del pasado 26 de septiembre de 2010; hay que sumarle el daño a su legitimidad de desempeño porque: no respeta la investidura de sus miembros ni la voluntad de los electores; no investiga ni sanciona las agresiones físicas entre los mismos diputados; no es un espacio de respeto y tolerancia a las diferencias y la disidencia dentro de su seno como fuera del mismo; no permite el intercambio de ideas sin vejar, maltratar o insultar al otro; viola constantemente la Constitución en la aplicación de normas y procedimientos internos; no renueva los titulares de los poderes públicos vencidos; y desconoce absolutamente la existencia de un enorme sector del país que se ha manifestado electoralmente diferente al Partido Socialista Unido de Venezuela(PSUV), y que se encuentra en las calles solicitando ser escuchado, clamando la solución a los problemas sociales, económicos y políticos.
Hoy la Asamblea Nacional es la punta de lanza para coordinar tantas violaciones a la Constitución como sean necesarias para dar un halo de legalidad a la intención de eternizar en el poder al PSUV y utilizar toda la Administración Pública como un instrumento de censura, persecución y represión de las libertades civiles y políticas de los ciudadanos venezolanos.
La Asamblea Nacional se debe medir más allá de la realización de sesiones semanales y del número de instrumentos legales sancionados, pero el análisis cualitativo de su actuación es aún más devastador: sancionó en junio de 2013 primero una Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, y luego una Ley para el Desarme y Control de Municiones; pero hoy, menos de un año después se pone de espaldas a decenas de denuncias sustentadas sobre torturas, se niega a debatir el problema de la inseguridad y el desarme de grupos para-legales armados y, además, crea una “Comisión de la Verdad” sin presencia de la oposición política (martes 18-03-2014).
El horizonte es oscuro, urge sindéresis, tolerancia, respeto y trabajo en equipo para solucionar los problemas del país, pero esto no es viable si todas las instituciones democráticas llamadas “controlar el poder y sus excesos” están secuestradas por uno solo de los poderes, el Ejecutivo Nacional y por el PSUV. Sólo es posible rescatar la Democracia venezolana rescatando el rol de las instituciones y esto, más que una entelequia, debe ser una meta política, la verdadera señal y la primera piedra del camino de la Paz.