Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, introdujo ante el TSJ una demanda de nulidad contra la Ley Orgánica de Precios Justos por considerar que atenta contra las libertades económicas más esenciales garantizadas en la Constitución y asegura que lejos de resolver los conflictos que agobian a los venezolanos, como inflación y desabastecimiento, los acentuará. Nota de Prensa
Roig indicó que la Ley, mal llamada de Precios Justos, viola los derechos económicos establecidos en la Constitución de la República; entre ellos el art 62, por ser una ley inconsulta, no cumplió con el derecho de la participación ciudadana; el art 112, viola el derecho constitucional a la libertad económica y a la libre iniciativa privada pues regula la libertad de fijar precios, limita la ganancia, fija estructuras de costos mediante procedimientos arbitrarios. Asegura que en el país “no hay un control de precios, lo que hay es una imposición de precios”. Se viola el derecho a la defensa y al debido proceso (art 49), es una ley altamente punitiva, discrecional, donde se declara delincuente al empresario que incumpla con la ley sin la realización de un debido proceso. Para el gremio empresarial, más allá de los aspectos estrictamente legales, lo que más les preocupa es que de mantenerse el instrumento jurídico, agravará la situación económica que estamos viviendo.
Afirma el líder gremial que la ley eliminó de un plumazo todos los derechos de los consumidores. Fedecámaras cree y espera justicia, por lo cual, solicita medidas cautelares inmediatas que permitan paralizar dicha ley, que de continuar su vigencia, profundizará la crisis, tal como lo hemos venido señalando. La Ley Orgánica de Precios Justos es “una ley que no es rescatable ni en su más mínima redacción, es una ley que desde su concepción atenta contra las libertades económicas establecidas en nuestra Constitución”, manifestó Jorge Roig.
“Ciertamente estamos sentados en unas mesas de diálogo, pero la Constitución nos permite transitar estos caminos legales. Las conversaciones quizá permitan flexibilizar un poco el instrumento jurídico hasta que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie. Mientras el TSJ no se pronuncie, esta ley está vigente y hay que someterse a lo que indique”.
La Ley de Precios Justos responde a un modelo económico que se agotó, que contempla el ejercicio directo de la actividad económica por parte del Estado, que elimina el libre mercado y reduce la iniciativa privada a su mínima expresión. Ello implica un estado excesivamente intervencionista y controlador de la actividad productiva privada.
La Ley Orgánica de Precios Justos sólo desestimula la producción nacional, el emprendimiento, aumenta el cierre de empresas, fomenta las importaciones, el desempleo, el desabastecimiento y la inflación.
El conglomerado empresarial ratifica que continuarán en las mesas de diálogo impulsando la reactivación de la economía nacional a través del aumento de la producción y la disminución de las importaciones públicas y privadas; solicitando un sistema de acceso a las divisas que sea transparente, dinámico y consecuente; exhortando al reconocimiento y cancelación de la deuda que el Estado mantiene con la empresa privada; incentivando la competencia sana que permita combatir la inflación y la escasez, garantizando el pleno abastecimiento. Fedecámaras continuará solicitando la revisión de leyes laborales que favorezcan la productividad. La confianza es un elemento indispensable para el desarrollo de nuestro país, aseguró Jorge Roig, presidente de Fedecámaras.
