Una representación de organizaciones y sindicatos de la prensa venezolana ha denunciado frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), la ola de violencia que están viviendo los periodistas que informan sobre las protestas que sacuden el país, publica lavanguardia.com.
Marco Ruiz, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) entregó un informe en el que se reflejaba cómo más de 120 periodistas han sido víctimas de agresiones físicas y robos de equipo en la cobertura de las protestas que se llevan a cabo en las principales ciudades del país.
El SNTP maneja 53 denuncias de hostigamientos, 25 de robos de equipo y material audiovisual, 24 agresiones físicas, 23 detenciones contra reporteros, además del caso de un periodista que recibió un balazo en el torso.
Desde el 12 de febrero, los corresponsales extranjeros han sido un blanco constante para los grupos armados que interrumpen las protestas. Las organizaciones denuncian que motorizados armados y Guardia Nacional Bolivariana (cuerpo militar) han agredido y despojado de sus equipos a más de 30 corresponsales de AFP, Red Noticias, CNN, Telemundo y TVE, además de periodistas independientes.
Ruíz afirma que al conflicto se han sumado los manifestantes opositores y oficialistas que también han agredido a los periodistas, como una manera de responder a las políticas editoriales de los medios donde trabajan.
El corresponsal de Red Más Noticias (Colombia), Juan Pablo Bieri es uno de estos 30 periodistas extranjeros que han vivido la violencia en primera persona. Él fue detenido, golpeado y asaltado por las fuerzas militares el pasado 16 de febrero.
Álvaro García, director del medio de comunicación explicó que Bieri se encontraba cubriendo las confrontaciones entre oficialistas y opositores cuando fue retenido por la Guardia Nacional venezolana, que le propinó una paliza y despojó de su pasaporte y teléfono móvil durante más de dos horas.
Con casos como éste, la comisión especial ha presentado ante la OEA un informe con las pruebas y ha solicitado que se haga “un seguimiento de las agresiones, los ataques contra periodistas y ciudadanos por parte de las autoridades, con especial atención a la confiscación y destrucción de material, equipos y la debida investigación que debe realizarse de estas violaciones”.
El representante del Estado en esta sesión de la OEA, Luis Britto, ha expresado que la comisión de la prensa venezolana “no tiene derecho a estar acá porque debería haber agotado las instancias internas antes de llevar sus quejas a la comisión internacional”.
Continúan las agresiones
La denuncia internacional no ha frenado los ataques a los medios y periodistas. En los últimos días, el Sindicato de Prensa asegura que se han sumado 10 nuevos casos.
Uno de los casos más reciente es el de la corresponsal de la TV Mexicana (Cadena Tres) Johana Álvarez que vivió la intimidación de un hombre armado que arremetía contra estudiantes que lideraban la protesta en la Universidad Central de Venezuela (Caracas).
La periodista narra que un grupo de jóvenes llegó a la protesta para arremeter contra los estudiantes con pistolas y cualquier objeto que se encontraran a su paso.
“Un grupo de reporteros gráficos y periodistas estábamos en el sitio registrando todo, cuando un grupo se dirigió hacia nosotros en motos y algunos corriendo tras nosotros. En ese instante el hombre me dijo “estás secuestrada, dame la cámara, el micrófono. Te vienes conmigo” Mientras yo le gritaba que me soltara y forcejeaba con él para que no me quitara mi instrumento de trabajo”.
A los pocos minutos, el compañero de la corresponsal avistó la situación y junto a otros periodistas comenzaron a pedir ayuda hasta que el hombre armado decidió liberar a la corresponsal. “Este hecho no me va hacer retroceder, al contrario, seguiré dando lo mejor de mí para llevar la información de lo que pasa” asegura Álvarez.
Vacío informativo
Ante la OEA también se ha denunciado la situación de vacío informativo que viven los medios de comunicación social. En este sentido, Marianela Balbi, directora ejecutiva de Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela) explica que existe un blackout informativo producido por el control gubernamental y el poder económico afín al Gobierno sobre los medios de comunicación, “así como las disposiciones legales y económicas que funcionan como mecanismos de presión para torcer las líneas editoriales”.
La escasez de papel periódico provocada por el control cambiarioy la exclusión de este producto de la lista de bienes de primera necesidad, que hacen imposible a la prensa acceder a las divisas para su compra, es una de estas medidas de presión que el Gobierno ejerce sobre los medios.
La representante del Ipys explicó a los miembros de la OEA que esta escasez ha provocado que muchos periódicos reduzcan sus publicaciones, y que el puesto de trabajo de más de 30.000 trabajadores directos y 100.000 indirectos se vea amenazado por los retrasos que hoy afectan a toda la prensa escrita del país.
La respuesta a esta denuncia del abogado Britto se basó en sus acusaciones contra los sindicatos y organizaciones de la prensa, por considerar que es “una paradoja” que medios de comunicación que son acérrimos partidarios del capitalismo pretendan que el Estado deba subsidiarlos con dólares adicionales para que compren papel”.
Censura y dimisiones
Carlos Correa, director ejecutivo de la organización no gubernamental Espacio Público, ha sido el encargado de explicar en la sesión cómo el Gobierno ha bloqueado páginas web y cómo los ciudadanos viven un “proceso de ralentización del servicio de internet que ha reducido la capacidad de conexión en momentos en que se producen manifestaciones”.
El uso desproporcionado del poder del Estado en los medios de comunicación social que ha traído la renuncia de más de 20 periodistas a sus puestos de trabajo ha sido otro de los planteamientos ante la OEA.
La jefa de periodismo de investigación del diario Últimas Noticias (Caracas), Tamoa Calzadilla, renunció a su empleo tras recibir la orden de no publicar un reportaje sobre las ‘guarimbas‘ en el país al no cumplir la orden de “sentenciar y condenar a estos grupos de manifestantes”.
En una carta abierta, Calzadilla explicó que el director exigió que el reportaje fuera sometido a “correcciones” que giraban en torno a tres puntos: “decir que los jóvenes que protestan son tarifados (financiados), descalificarlos (“no son manifestantes”) y que la conclusión del trabajo los “condenara”. Me negué”.
Al no publicarse el reportaje titulado Lo que hay detrás de las guarimbas, la periodista renunció ante el director con una carta que rezaba: “ya no me necesitas en este puesto, necesitas una operadora política, alguien experto en propaganda oficial.”
Los casos de renuncia son otra ola que afecta al periodismo venezolano. El presentador Reimy Chávez hizo pública su renuncia en directo cuando comenzaba el noticiero en el canal Globovisión, una cadena crítica con Nicolás Maduro hasta que fue comprada por nuevos directores que cambiaron la política editorial.
El presentador fue sacado por los agentes de seguridad del estudio de grabación, y con él se suman 34 renuncias y 17 despidos de periodistas en este medio de comunicación.