El balance frío y notarial de la segunda reunión entre el gobierno y la oposición de Venezuela dice lo siguiente: las partes acordaron ampliar el elenco de la Comisión de la Verdad, la instancia que investigará la violencia ocurrida en el país desde hace dos meses, para sumar a individualidades distintas a la tropa de diputados comandada por el número dos del chavismo Diosdado Cabello; también pactaron que las alcaldías y estados gobernados por la oposición se incorporen al plan Patria Segura -una iniciativa del presidente Nicolás Maduro que busca reducir la rampante criminalidad en el país- con sus críticas y sugerencias para potenciarlo.
En la minuta de la reunión, que finalizó al filo de la medianoche del martes en Caracas, también quedó asentado que aunque el Gobierno rechazó el proyecto de Ley de Amnistía presentado por su contraparte, aceptó que una junta de médicos revise al comisario Iván Simonovis, el preso político más emblemático de la era chavista, que sufre de 19 patologías asociadas, según sus abogados defensores, al cruel encierro que ha sufrido desde 2004. Y también consta que las partes se han comprometido a agilizar en la Asamblea Nacional el proceso para designar a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Esto quiere decir que los candidatos presentados a consideración de la plenaria deberán surgir de un acuerdo o una negociación, palabras que equivalen para el chavismo más duro a una capitulación. Se necesitan las dos terceras partes del Parlamento y el oficialismo apenas cuenta con tres quintas partes.
Son cuatro enunciados que no invitan a alzar las campanas al vuelo, pero significan un avance mucho más concreto que lo que auguraba la víspera. “Ni negociación, ni nada”, había dicho Maduro descartando así que las reuniones, que cuentan con los buenos oficios del embajador del Vaticano en Venezuela y de los cancilleres de Brasil, Colombia y México, se convirtieran en el teatro de los acuerdos entre cúpulas. La primera cita, además, se había consumido en un reparto de culpas o en las mutuas demostraciones de antipatía entre los dirigentes. Por todas esas razones sorprendió cuando el vicepresidente Jorge Arreaza refrendó los puntos anunciados minutos antes a la prensa por el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad (MUD), Ramón Guillermo Aveledo.
No está escrita la última palabra, pero el chavismo parece haber perdido en su insistencia de mantener el debate en el etéreo terreno de las ideas. Si se trata o no de un retroceso táctico, como ocurrió en el pasado cada vez que el finado Hugo Chávez se sentía acorralado, aún está por verse. Pero luce obvio que Maduro necesita aislar de una vez los focos violentos, que, aún se mantienen en Caracas y varias de las principales ciudades del país, para legitimarse ante la comunidad internacional y parte de la oposición para concentrarse en gobernar y encontrar soluciones a la crisis económica en la que se encuentra sumido el país. De acuerdo con las cifras más recientes de la encuestadora Datanálisis dadas a conocer por el diario local El Universal, el índice de escasez en marzo llegó a 60,2%. Desde hace dos meses el Banco Central de Venezuela no revela las cifras oficiales.
De momento el Gobierno ha logrado una categórica condena de la MUD a la violencia. “Ratificamos nuestro rechazo absoluto, fuera de toda duda a la violencia, a cualquier violencia”, dijo Aveledo a la salida del cónclave. Aunque en proporciones modestas, las protestas tienen un carácter insurreccional y cuentan con el respaldo de una parte respetable de la oposición, que no se siente representada por la MUD, a quien critican la decisión de sumarse al diálogo en el entendido de que le da oxígeno al Gobierno.
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