La liberación de los llamados presos políticos es considerada por muchos un punto de honor en el proceso de diálogo que adelantan representantes del Gobierno nacional y la Mesa de la Unidad Democrática, con el acompañamiento de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) y la Iglesia católica en la figura del Nuncio Apostólico.
Esgrimida como la primera condición por parte de la coalición opositora para iniciar las conversaciones, la libertad de quienes permanecen detenidos por motivos políticos pretendía lograrse a través de una Ley de Amnistía, cuyo anteproyecto fue planteado por los voceros unitarios y rechazado por el presidente Nicolás Maduro.
A juicio del abogado constitucionalista Joel Rodríguez Ramos, es de vital importancia que desde el Gobierno nacional se produzcan muestras de buena voluntad en el sentido de lograr la libertad de los presos políticos. “En el caso de los estudiantes, considero que no han cometido ningún delito, por lo tanto, sus causas deben ser sobreseídas de inmediato”.
Añadió que “si el Gobierno no libera a los presos políticos, pondría de manifiesto su voluntad de no dialogar, por cuanto esa fue la primera condición solicitada por la MUD para instalar las conversaciones”.
En tal sentido, asegura que el éxito o fracaso de la mesa de diálogo queda supeditado a la liberación de los estudiantes, líderes políticos, funcionarios electos y activistas que permanecen privados de libertad como consecuencia del conflicto político que vive el país.
Por otra parte, apuntó que la situación de la coalición democrática es “confusa”, por cuanto “en algún momento dejó de hablar de la libertad de los presos políticos y pasó a pronunciarse en torno a un acuerdo relativo a la ampliación de la omisión de la verdad. Pensamos que la MUD actúa de buena fe a objeto de salvar el diálogo, pero el país merece explicaciones y la libertad de estos ciudadanos amerita celeridad”.
Rodríguez explicó que el espíritu de una Ley de Amnistía consiste en “generar una especie de borrón y cuenta nueva en una situación de conflicto, a objeto de propiciar un clima de reconciliación”.
Sin embargo, advierte que desde la acera oficial “el presidente Nicolás Maduro tampoco ha sido claro. Él sostiene que no habrá Ley de Amnistía, pero no sabemos si descarta de plano cualquier mecanismo que conduzca a la liberación de los presos políticos”.
En tal sentido, señaló que además de la amnistía, el mandatario nacional cuenta con el sobreseimiento, el indulto y la medida humanitaria, esta última aplicable en el caso del comisario Iván Simonovis.
En cuanto al indulto, el jurista indicó que “se trata de una medida que se concede a una persona condenada con sentencia definitivamente firme. Se le exonera lo que le resta de la pena”. El sobreseimiento se aplica “en casos de procesados, es decir, personas que no han sido condenadas. Se suspende la causa, el ciudadano queda en libertad, y le son restituidos sus derechos políticos”.
Para ilustrarlo, el constitucionalista se remitió a la medida concedida por el expresidente Rafael Caldera al entonces teniente coronel Hugo Chávez, tras la fallida intentona golpista de 1992. “Algunos en aquel momento sugirieron que Caldera debía esperar a que Chávez fuese sentenciado”.
Apuntó que a diferencia de la amnistía, el sobreseimiento y el indulto son mecanismos individuales, “aunque en un mismo decreto, el Presidente de la República puede emitir varios indultos o sobreseimientos”.
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