Con todo y el sistema electoral fraudulento, enmarcado en el juego perverso de «cedo algo pero luego lo arrebato», el 8D pasado resultaron electos, según el propio Consejo Nacional Electoral (CNE), Daniel Ceballos y Vicencio Escarano como alcaldes de San Cristóbal, Estado Táchira y San Diego, Estado Carabobo.
En febrero del presente año, luego de la frustración del fraude del 14 de abril 2013, irrumpe una reacción social sin antecedentes, tanto a nivel regional como generacional. Y a partir de ese mes, el Régimen Castro Chavista inicia una política de “encarcelamiento express” de importantes dirigentes regionales y nacionales, empezando por el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.
Luego de tres (3) meses de protestas en varias regiones, así como en el sector estudiantil, el Régimen Ilegítimo pone en marcha un plan represivo diseñado por los cubanos, cuyo primer saldo superó los tres mil (3.000) detenidos, más de 40 muertos, cientos de torturados física o psicológicamente, y casi 200 nuevos presos políticos, muchachos que ahora pasan a formar parte de las perversas e inhumanas cárceles nacionales.
La cúpula del Régimen castro-comunista, así como algunos importantes líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pretenden invisibilizar los liderazgos emergentes, y tomar para sí la conducción de la política nacional. Y en ese marco, es que el Régimen vuelve a poner de nuevo a la sociedad venezolana en la contradicción entre avalar con el voto un sistema electoral a todas luces corrupto, o por el contrario, hacer valer la voluntad popular expresada en las elecciones del 8 de diciembre pasado, y reconocida por el propio CNE.
Nosotros, los que abajo suscribimos, muy respetuosamente, queremos solicitarle a los electores de San Cristóbal y San Diego lo siguiente:
Primero: Considerar seriamente el rechazo y el desconocimiento de las elecciones en los Municipios San Cristóbal y San Diego, porque ellas representarían la aceptación y el reconocimiento de que las destituciones y detenciones se realizaron en el estricto cumplimiento de la legalidad;
Segundo: Que se sumen a fortalecer un movimiento de movimientos de amplia base que exija la inmediata liberación de los alcaldes destituidos y encarcelados ilegalmente, a los fines de que retomen sus cargos en tiempo perentorio, y mientras que este proceso tenga éxito, oponerse pacíficamente contra las autoridades que el CNE y el TSJ decidan declarar como tales;
Tercero: Que se unan al llamado de los estudiantes en promover una plataforma nacional que desarrolle una gran movilización para el cambio del sistema político venezolano, y en particular, la relegitimación de los distintos poderes públicos surgidos a la sombra de un sistema electoral fraudulento, que como condición sine qua non habría que cambiar previamente;
Cuarto: Organizar una gran consulta pública en las ciudades San Cristóbal y San Diego, si es posible el mismo 25 de mayo, en la cual se consulten dos preguntas a sus ciudadanos: 1.- si quiere el inmediato retiro de las fuerzas represivas que tomaron violentamente los espacios de la protesta pacífica y ciudadana; 2.- si desean la inmediata restitución en sus cargos de los alcaldes depuestos ilegítimamente en ambos municipios, así como la liberación de todos los presos políticos;
Quinto: Declarar públicamente “personas no gratas” a los Rectores del Consejo Nacional Electoral, a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y a los jefes policiales y militares que han impartido las instrucciones para las acciones nazistas y stalinistas contra el estudiantado y pueblo en general, y en coherencia, exigir sus inmediatas renuncias.
Llamar al electorado de San Cristóbal y San Diego a ejercer su derecho de no concurrir a elecciones írritas, significa reafirmar la convicción, aceptada ya por una mayoría, de que votar en dictadura es avalar al Régimen; y seguirle el juego es, en definitiva, perpetuarlo en el Poder.
Es hora de sumarnos todos a la defensa del derecho más fundamental, políticamente hablando, cual es: el derecho a elegir y ser elegido en elecciones auténticas. Y esto, convertirlo en una de las condiciones no negociables dentro de cualquier futuro diálogo en función de superar la gravísima crisis nacional.
En marzo del presente año, luego de grandes protestas en Táchira y Carabobo, así como de intensas jornadas estudiantiles de calle en la mayoría de las ciudades, el Régimen Ilegítimo, a través de acciones que violan la Constitución procedió a la destitución y encarcelamiento arbitrarios de los alcaldes de San Cristóbal y San Diego, así como a la prohibición de facto a la entrada de la diputada Machado a los recintos de la Asamblea Nacional, sabiendo que ella, de acuerdo al propio CNE, fue elegida a través del voto popular en el año 2010, incluso con la mayor cantidad de votos como ningún otro diputado de esa elección.
En el mes de abril, el Régimen militarizó la ciudad de San Cristóbal, como parte de su plan de control de las protestas ciudadanas.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE), representado por una directiva ilegítima, convocó elecciones en ambas ciudades para el 25 de mayo; y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció que las destituciones eran “legales”, y por tanto procede su sustitución por la vía de nuevas elecciones, y en el caso de la diputada Machado, a través de su suplente.
En fecha 11 de abril, día que evoca por cierto a la mayor movilización civil de nuestra historia, voceros de la MUD decidieron participar en las reuniones planteadas por el señor Nicolás Maduro, investido como presidente por un CNE desprestigiado, con una directiva ilegítima, bajo un fraude cometido el 14 de abril 2013, y consumado en los días subsiguientes, cuyo costo en vidas humanas ascendió, hace un poco más de un año, a 11 personas fallecidas, cifra que debe sumarse a los 44 de las protestas del período febrero-mayo 2014.
La MUD a su vez, como táctica de retorno a su lógica electorera, aceptó que sean las esposas de los presos políticos las candidatas de la mal llamada unidad, aunque sin garantía alguna de que se respetarán los resultados, o de que no las metan presas de la misma manera como a sus esposos. ¿Qué vendría después? ¿Postular a hijos, hermanos, compadres, o demás familiares cercanos?
O más grave aún, ir a un evento electoral sin medir la gran posibilidad de éxito de las maniobras de fraude electoral ya aplicadas en el pasado, y que serían puestas en práctica con mayor ahínco en esta oportunidad, y todo ello con el objetivo claro de desmoralizar a los demócratas de los Estado Táchira y Carabobo.
Esta operación política de actores aparentemente enfrentados, tiene como objetivo desmovilizar las protestas, aceptar la legalidad de Maduro, y conducir a las masas a nuevos eventos electorales, empezando ahora con eventos de carácter regional, para pasar el año que viene a uno de carácter nacional.
Y el premio que anhelan no es otro que el de la negociación de algunos cargos en el CNE y el TSJ, la tranquilidad en las alcaldías y las gobernaciones ya conquistadas, y el gran premio, en diciembre 2015, al volver a conseguir un porcentaje minoritario de diputados, a pesar de ser mayoría en votos, para luego avocarse a convencer a la gente de ir, nuevamente sin condiciones, a las elecciones presidenciales del 2019.
El electorado venezolano se encuentra pues, ante esta disyuntiva de seguir avalando con su voto el liderazgo de una oposición electorera que se ha entregado a un “dialogo” para seguir sosteniendo el Pacto Militar que dio origen a eso que llaman la 5ta República, o por el contrario, aferrarse a sus principios, y dar un paso adelante para iniciar un cambio político de proporciones relevantes, comenzando por exigir la restitución de los alcaldes y los diputados destituidos al mejor estilo autoritario, para pasar a la convocatoria de un proceso de relegitimación de los poderes sobre la base de un nuevo sistema electoral.
Todo lo anterior revela la magnitud de la profunda crisis política, humanitaria y moral que vive Venezuela, república donde la vida de los ciudadanos no vale nada, en la que algunos partidos de la oposición parecen haber olvidado las luchas históricas contra las dictaduras anteriores, y donde los Poderes Públicos nacidos de eventos electorales fraudulentos, son capaces de eliminar a cualquier ciudadano u organización que se constituya en un obstáculo para sus intereses, que no han sido otros que los de usufructuar – sin rendir cuentas – la mayor renta petrolera experimentada por el país en toda su historia.
Rafael Grooscors Caballero
Diego Arria
Blanca Rosa Marmol
Alfredo Coronil Hartmann
Padre Pedro Freitez
Alfredo García Deffendini
Juan Carlos Sosa
Reinaldo Vargas
Iñaki Gainzarain
Ludwig Moreno
Guillermo salas
Orlando Urdaneta
Antonio Nicolás Briceño Braun
Ricardo Koesling
Roberto Martin