RCTV, la cadena privada de televisión venezolana a la que una decisión del Gobierno dejó fuera del aire en 2007 después de 53 años, pidió hoy a la Corte Interamericana que haga justicia, mientras que el agente del Estado de Venezuela negó que la medida haya obedecido a razones políticas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, comenzó hoy una audiencia de dos días por la demanda contra Venezuela por supuestas violaciones de los derechos humanos al no renovar la concesión a RCTV debido, aparentemente, a su línea editorial contraria al Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez.
Marcel Granier, dueño de la cadena que desapareció de la señal abierta de televisión cuando era una de las de mayor audiencia de Venezuela, dijo ante los jueces que espera una condena contra el Estado y que se repare el daño ocasionado a la empresa y sus trabajadores, que eran unos 3.000 en el año 2007.
“Queremos que se haga justicia. Nos hicieron un daño y queremos que ese daño sea compensado. Que se restituya el ejercicio de nuestros derechos, que se nos compense los daños y que se castigue a los responsables”, manifestó Granier.
Según el empresario, nunca existió un motivo judicial para no renovar la concesión y todo se debió a que la línea editorial del medio no gustaba al Gobierno.
“El Estado ha cometido una serie de abusos y atropellos contra los venezolanos, ha afectado el derecho de la gente a estar informada, a expresarse libremente, y nuestro derecho a ejercer actividades de nuestra preferencia y a trabajar como empresarios”, expresó Granier a Efe.
Según el empresario, la libertad de expresión “es prácticamente inexistente” en Venezuela, pues “quien exprese una opinión diferente al Gobierno se expone a que le abran un procedimiento que lo calumnien, lo difamen y lo metan preso”.
“Existe en contraposición un lenguaje de odio del Gobierno que inhibe y asusta a muchas personas y crea un ambiente nacional muy negativo”, manifestó.
Por su parte, el agente del Estado ante la CorteIDH, Germán Saltrón, aseguró que la no renovación de la concesión a RCTV (Radio Caracas Televisión) estuvo apegada al marco jurídico venezolano y se llevó a cabo para utilizar las frecuencias con el fin de promover valores.
“No ha sido por la línea editorial, es para darle paso a una emisora donde estén presentes los valores nacionales. Las televisoras no tienen valores, de hecho las televisoras en lugar de informar lo que hacen es desinformar, y en vez de crear valores dan antivalores”, dijo Saltrón a Efe.
El agente adujo que la puesta al aire de novelas sobre narcotraficantes está fomentando conductas delictivas en la sociedad.
“Todo el aumento de la inseguridad social la tiene, en parte, la televisión que da antivalores”, apuntó.
Por su parte, el testigo propuesto por el Estado y funcionario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, José Leonardo Suárez, declaró a los jueces que el manejo de las frecuencias es un “acto discrecional” del Gobierno al tratarse de un bien de dominio público.
Afirmó que en el marco jurídico venezolano, a la hora de decidir si se renueva una concesión, no existe derecho de preferencia, renovación automática ni concesiones perpetuas.
Suárez agregó que tampoco debe haber un motivo especial para negar la renovación de la concesión, pues solo basta con una decisión del Poder Ejecutivo.
La relatora especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, dijo ante los jueces que en este caso existe una discriminación por razones políticas contra RCTV.
La CIDH citó declaraciones de Hugo Chávez, fallecido en 2013, en las anunciaba que no se renovaría el permiso a RCTV por tratarse de un canal “golpista”.
Este es el último caso que enfrenta Venezuela ante la CorteIDH, pues el año pasado se oficializó su salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al considerar que sus instituciones persiguen a los gobiernos “progresistas” y están manipuladas por Estados Unidos.
“Esta Corte está pervertida. Desde que llegó al poder el presidente Chávez, en el 1999, se han dado 16 sentencias contra el Estado, mientras que antes de esa fecha se presentó solo uno. Ahí se ve el desequilibrio”, expresó hoy el agente Saltrón.
La audiencia continuará hoy y para mañana se espera la presentación de los alegatos orales finales de las partes. EFE
En 2013 Venezuela salió del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues tanto Chávez como su sucesor en la Presidencia, Nicolás Maduro, consideraron que la CorteIDH y la CIDH constituyen instrumentos de “persecución” de los Gobiernos “progresistas”.
El caso de RCTV será el último que enfrente Venezuela en la CorteIDH, pues llegó a los jueces antes del retiro de ese país del sistema.
En 2009 la Corte emitió una sentencia por otro caso relacionado con RCTV presentado por la periodista Luisiana Ríos, quien alegaba que hubo restricciones a la libertad de expresión a través de amenazas, actos de hostigamiento y agresiones verbales y físicas, contra periodistas y trabajadores del canal por parte de particulares supuestamente afines a Chávez.
En esa sentencia, los jueces ordenaron continuar investigaciones y procesos penales abiertos a nivel interno y “determinar las responsabilidades por los hechos de este caso y aplicar las consecuencias que la ley prevea”.
También “adoptar las medidas necesarias para evitar restricciones indebidas y obstaculizaciones directas o indirectas al ejercicio a la libertad de buscar, recibir y difundir información de las personas que figuran como víctimas”.
El Estado venezolano fue absuelto de violaciones de los derechos de igualdad ante la ley, propiedad privada y libertad de expresión pero fue encontrado culpable de violaciones a la integridad personal y al derecho de buscar y difundir información. EFE