Al cumplirse un mes de la masacre de La Fría, el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Walter Márquez, le exigió al Ministerio Público y al Ministro de Interior, Justicia y Paz, una investigación rápida, independiente y exhaustiva de lo ocurrido, pues hasta la fecha todas las averiguaciones están paralizadas, tanto así que la Fiscalía no ha citado a un solo testigo.
El Parlamentario manifestó que en esos casos ocurrieron hechos graves. El primer de ellos, que el Gobierno ejecuta la acción a raíz de datos suministrados por un “informante falso”, que al principio no tenía ningún tipo de identificación, después es convertido en un testigo protegido, posteriormente es utilizado para identificar a las personas fallecidas y en una ronda de reconocimiento de los detenidos en la ciudad de Caracas.
“De acuerdo a jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, para que haya un testigo protegido u oculto, tiene que ser acordado por un tribunal, debe merecer confianza o credibilidad y no basta su palabra, tiene que ir acompañado de pruebas. El Gobierno partió del informante llamado Casildo Maldonado, que carece de cédula de identidad y de huellas dactilares, y es a quien el ministro Rodríguez Torres le avala la información, a través del Movimiento por la Paz y por la Vida”.
Márquez destacó que a parte de ser un informante falso, el contenido también fue falso, y condujo a un allanamiento donde hubo violación de domicilio, ya que la noche del 16 de mayo fue la masacre y las detenciones arbitrarias, pero es al día siguiente, cuando el juez 13 Penal de Caracas firma la orden de allanamiento. Destacó que los fiscales alegan que solicitaron la autorización vía telefónica, pero explicó que el Código Orgánico Procesal Penal establece que tiene que ser presentada la orden escrita para hacer el allanamiento.
Indicó que a eso se agrega que las detenciones fueron arbitrarias porque no hay pruebas que los vinculen al terrorismo, al tiempo que acotó que la jurisdicción penal le corresponde al Táchira, porque los presuntos delitos se habrían cometido en la entidad. “Le agregan también extorsión, pero no hay un hecho concreto de a quién extorsionaron. Los acusan de tráfico de armas y las únicas armas a las que hacen referencia es: un fusil que se lo colocaron, dos revolver y una granada, y no los vinculan si quiera a los fallecidos. También los acusan de secuestro. Todo es un montaje gravísimo, lo que en Colombia llaman falso positivo”.
Policías actuantes
20 policías habrían actuado en la operación, pero Márquez indicó que tres han sido identificados como: Comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas –Cicpc-, Ever González; y dos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana: Héctor Pérez y Elvis Josué. “Esos tres fueron los que asesinaron directamente y son culpables además los otros policías, por complicidad y asociación para delinquir”.
Destacó que esos habrían sido los responsables de haber llevado a las víctimas a la parte posterior del local para asesinarlos. Explicó que en el lugar hubo un homicidio calificado y no un enfrentamiento como se dijo inicialmente, porque de acuerdo a la planimetría realizada por expertos en la materia, los tiros están en la parte de atrás del local, a escasos centímetros del piso, donde habrían sido ajusticiados los cuatro fallecidos.
Manifestó que no hay un solo disparo en el techo, piso, paredes, mesas, sillas, ni espejos, mientras que los disparos en la parte posterior están a menos de un metro. “No hubo enfrentamiento, sino un homicidio calificado, o una ejecución extralegal o extrajudicial”.
Precisó que en el lugar también hubo torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra quienes estaban en el bar, y a quienes se estaban hospedando en el hotel, que no tenían nada que ver con el local nocturno.
El Parlamentario agregó que se registraron robos que no fueron reflejados, como teléfonos celulares que había en el lugar, otros que vendía la dueña del bar, 30 mil bolívares de una persona, mientras que a otros les robaron dinero en efectivo y 300 mil pesos.
Finalmente Walter Márquez manifestó que el Estado venezolano está fuertemente comprometido en este caso, pues nada de lo que dijo el supuesto informante fue certificado antes de que ocurriera la “masacre de La Fría”.
Nota de prensa