La deuda soberana, o deuda pública, es una opción que tienen los gobiernos de financiar las inversiones de sus países; además las emisiones de empréstitos están garantizadas sin límites por el Estado. Este principio está marcado por la confianza en el crédito publico y establece un entramado de relaciones financieras a nivel global que permiten que los flujos financieros acudan a los países en busca de oportunidades de ganancias, mientras que estos realizan obras de infraestructura o prestan servicios a sus pobladores, creándose un círculo virtuoso de ganar ganar: unos ponen el dinero a cambio de una rentabilidad y otros, que carecen de capital, con esos montos construyen obras o dan servicios en provecho de sus pueblos. El pago oportuno y responsable de las obligaciones financieras asumidas es vital para que no se quiebre el sistema y no cunda el colapso. Por eso, cuando los países entran en default, o cesación de pagos, de sus obligaciones financieras nacionales e internacionales, se crea un caos que pone en entredicho la solidez de las finanzas internacionales.
Todos los países y muchos estados, departamentos, condados y comunidades locales, emiten deuda para financiarse. Cuando lo hacen son evaluados por organismos que miden el orden de sus finanzas y su capacidad de pago para afrontar la cancelación de la deuda que van a asumir. Cuando se pagan las acreencias, se realiza un acto de responsabilidad y además se permite que esos dineros se puedan prestar a otros países, con lo cual se dinamiza la economía, los pueblos crecen y se desarrollan. De manera que hay un contenido ético y social en el acceso a capitales y en su uso para tener derecho a un futuro mejor. Los bancos de inversión y los fondos que persiguen ese mismo fin, que prestan dinero a los países, no logran acopiar ingentes capitales solamente con el aporte de magnates, multimillonarios, especuladores, tahúres y demás especímenes de este mismo tipo, sino que también cajas de ahorros, fondos mutuales, pequeños inversores, fondos fiduciarios, entidades de ahorro y préstamo, fundaciones públicas y privadas, fondos municipales y también pequeños ahorristas, ponen parte de su dinero en estas instituciones inversoras, que en muchos casos colocan capitales asumiendo riesgos, unos más calculados que otros.
Cuando Argentina en 2001 cayó en default, muchísimos pequeños ahorristas de diversas partes del mundo, que habían puesto su dinero en instituciones financieras que invirtieron en el país austral, vieron quebradas sus finanzas, arruinadas sus vidas y evaporada sus posibilidades de disfrutar de una pensión al final de sus vidas. Cierto es que muchos ricos también se arruinaron, pero ellos siempre tienen más posibilidades de recuperarse que un pequeño ahorrista. Argentina cesó en el pago de sus obligaciones financieras en 2001 y sólo casi 5 años después comenzó nuevamente a pagar, pero esta vez con una “quita” del 75%. Dicho de esta manera, esto es lo más parecido a un atraco que le pueden hacer a un inversionista.
La deuda es un contrato que tiene sus cláusulas y sus obligaciones a cumplir; tiene un monto y un vencimiento, al término del cual procede el pago al tenedor, no importa quién sea éste. Cristina Kirchner argumenta que buena parte de la deuda se contrajo durante la dictadura militar y que luego se hicieron diversas y malas reestructuraciones: bonos Brady, canje, blindaje, etc. La verdad es que los bonos son soberanos porque no importa cual gobierno, o que Presidente, asumió la deuda; ésta es del Estado. Tampoco importa que reestructuraciones se hayan hecho en el pasado, el resultado es una deuda neta que el país tiene que honrar. Además argumenta la presidenta que los fondos especulativos compraron a tenedores, particulares e institucionales, los bonos a una tasa de descuento muy alta, y hoy reclaman el pago al valor de mercado, que es mucho mayor que cuando los compraron. Lo que no dice la presidenta es que el precio que pagaban los fondos “buitres” a los tenedores era mayor que el que determinó el gobierno argentino luego de la “quita”. Tampoco dice que haber guardado esos bonos basura durante más de una década, asumiendo el riesgo de que el país no se recuperara y teniendo inmovilizado su capital, merece la ganancia que los fondos reclaman.
La decisión de la Suprema Corte de EEUU de no admitir los razonamientos de Argentina, confirma el fallo del Juez Federal Griesa, lo que reivindica el reclamo de los fondos especulativos (que son apenas el 7% del total de deudores) de que les paguen la deuda sin quita alguna, algo que obliga a cancelarles US$ 1.300 MM; pero lo grave es que la cláusula de pari passu, que consiste en pagarles igual a unos que a otros, le abriría la puerta a los deudores que se acogieron a la reestructuración (93% restante), con lo cual podrían recuperar el total de las acreencias que le fueron esquilmadas por gobernantes inescrupulosos. Cristina que el lunes en cadena nacional, hablando para su “galería”, amenazó con desconocer la sentencia americana, hoy viernes, sugiere que hay que negociar los pagos con condiciones.
Miguel Méndez Rodulfo