La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó este martes que siete personas se encuentran privadas de libertad por el caso del Concesionario La Venezolana, ubicado en la carretera Panamericana, en el estado Miranda, por la presunta comisión de legitimación de capitales, asociación para delinquir y estafa a unos 6.400 venezolanos.
AVN
Ortega señaló que se encuentran pendiente por ejecutar cuatro órdenes de captura y que el Ministerio Público (MP) está “actuando de manera expedita porque queremos dar una respuesta rápida a las personas que han sido víctimas” de la estafa.
Informó que el MP solicitó a la Policía Internacional (Interpol, por sus siglas en inglés) que las personas que están siendo precisadas y están prófugas de la justicia venezolana ingresen al código rojo, a fin de traer a los implicados al país.
En mayo pasado, el Gobierno ordenó una primera medida de ocupación sobre La Venezolana al detectar que esta empresa cometió una presunta estafa, pues ofreció en venta vehículos que aún no estaban en el país a 5.956 personas, quienes pagaron una inicial de 30% para la adquisición del bien, lo que representó para la empresa un ingreso de 992 millones de bolívares.
Las pesquisas arrojaron que la empresa no había realizado ningún trámite para la importación de vehículos, paso fundamental para iniciar la compra de autos en el exterior.
Las cuentas bancarias de la empresa y las de sus dueños fueron bloqueadas y se dictaron medidas legales en contra del patrimonio de los titulares y varias órdenes de captura contra un grupo de personas involucradas en el caso.