Trabajadores se preguntan ¿qué hará el Gobierno con Sidor?

Trabajadores se preguntan ¿qué hará el Gobierno con Sidor?

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¿Qué hará el Gobierno con Sidor? Esa es la pregunta surgida desde que el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss) ha hecho pública su sospecha sobre una posible transferencia de acciones a empresas de capital chino.

La reprivatización de la acería es hasta ahora un rumor con base en un comentario de un funcionario en las discusiones de contrato colectivo de Sidor, y los recientes acuerdos suscritos entre el Gobierno venezolano con la República Popular China.





De resto el Gobierno ni afirma ni niega. La política de silencio impera en el Ejecutivo tras su último pronunciamiento el pasado 22 de julio, en la voz del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien junto al gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez y el presidente de la CVG, Justo Noguera Pietri, entre otros, tildó de “mafias sindicales” a los dirigentes de Sutiss.

Semanas después, el movimiento de trabajadores de base de Sidor exige al presidente Nicolás Maduro “¡que nos digan qué van a hacer con Sidor! ¿Qué van a hacer con Sidor?”, dijo el trabajador Jorge Machuca, en una rueda de prensa en el sindicato de CVG Carbonorca.

“Esto no tiene vuelta atrás, de hecho, nosotros creemos que este Gobierno no va a firmar este contrato colectivo (vencido hace cuatro años) y ante eso hay que prepararse”, expresó.

El trabajador Raúl Tochón afirmó que el comité ejecutivo del sindicato “no está solo. Sutiss sólo tiene que dejar las medias tintas y ver que detrás tiene un batallón de trabajadores”.

Los dirigentes no descartan la posibilidad de ir a un referéndum consultivo, de ser necesario, para preguntar a los trabajadores si están de acuerdo con la prórroga de la convención colectiva, como, aseguran, lo ha propuesto el presidente de la CVG en las áreas.

Empero, están convencidos que los siderúrgicos no están dispuestos a dar un cheque en blanco al Gobierno para propiciar una reprivatización que, aseguran, no permitirán.

Vía Correo del Caroní