Ministros y políticos colombianos han salido a la palestra en las últimas semanas por su orientación sexual, lo que ha reabierto el debate social sobre este tema en un país en el que la homosexualidad todavía es un tabú.
El caso más reciente tuvo como protagonistas hoy a la senadora Claudia López y su pareja, Angélica Lozano, miembro de la Cámara de Representantes, ambas de la Alianza Verde, cuya investidura fue denunciada como inválida por el abogado Víctor Velásquez al considerar que infringe el artículo 179 de la Constitución.
Dicho artículo establece una restricción para ser miembros del Congreso a “quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente” y “se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos”.
López, sin embargo, afirmó a través de su cuenta en la red social Twitter que ese punto no se aplica en su caso puesto que ella es legalmente soltera.
El director de la asociación Colombia Diversa, Mauricio Albarracín, dijo a Efe que esta denuncia obedece a “una persecución contra las congresistas por ser lesbianas”, y advirtió que en este caso la restricción no se aplica porque “solo son novias”.
Asimismo, reveló que el abogado Velásquez es bien conocido porque “siempre presenta demandas y recursos” contra los derechos de la comunidad homosexual colombiana.
Albarracín se mostró particularmente molesto porque, dijo, Velásquez “siempre se opone a nuestros derechos y ahora hace uso de sus deberes” al exigir a la pareja que obedezca la ley en cuanto a su participación en el Congreso.
En opinión de Javier Suárez, presidente de la Fundación Marido y Mujer, que abandera el rechazo al matrimonio homosexual, este caso “no es un ataque colectivo contra la comunidad homosexual”, sino que “sencillamente, en Colombia incurren en inhabilidad para ser elegidas por el mismo partido”.
En su opinión, López y Lozano debían haber previsto esta eventualidad antes de presentarse a las elecciones de marzo pasado, y recordó que “eso ha pasado en el caso de parejas heterosexuales” con anterioridad.
La reivindicación, a su juicio, responde a que la comunidad LGTB pretende tomar privilegios en el campo de la política colombiana al permitir que los dos miembros de una pareja ejerzan como parlamentarios al mismo tiempo y trazan esta denuncia como “un ataque frontal y un caso de homofobia” cuando no es así.
El otro caso que ha tenido repercusión ocurrió hace sólo cinco días cuando la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa, confirmó en una entrevista a RCN Radio que mantiene una relación sentimental con la titular de Educación, Gina Parody.
De este modo puso fin a rumores que circulaban en el país sobre la opción sexual de ambas.
“Yo soy muy independiente y Gina también. Cada una tiene su proyecto de vida y somos muy respetuosas de eso como lo sería cualquier pareja heterosexual o no”, dijo Álvarez-Correa, quien agradeció al presidente Juan Manuel Santos “porque nunca se metió en el tema personal, sino que vio las cualidades profesionales de cada una”.
En opinión del activista Albarracín este tipo de declaraciones son “muy importantes”, porque cuando “personas de ese nivel político salen del armario le ponen cara” a la situación de la comunidad homosexual y de este modo “hay una defensa más directa en la esfera pública”.
Sin embargo, para Suárez las ministras “debieron quedarse calladas”, porque a la sociedad “no le interesa” su orientación sexual, sino si mantienen “una gestión efectiva”.
Suárez considera que el reconocimiento de la orientación sexual de la ministra obedece a la intención de las mandatarias de “decir que porque es lesbiana es un modelo a seguir”.
“El presidente está amarrado a la comunidad LGTB. Debe haber mucha prudencia por su parte”, concluyó.
Las declaraciones de la ministra llegaron el mismo día en que la Corte Constitucional autorizó a una lesbiana a adoptar a la hija biológica de su pareja, una sentencia sin precedentes en el país.
El fallo judicial da vía libre a que parejas del mismo sexo puedan constituir una familia con hijos, siempre y cuando uno de los dos sea la madre o padre biológico del menor.
En opinión de Albarracín, este caso tiene su eco en la denuncia contra las dos parlamentarias puesto que supone una “reacción evidente frente al avance en derechos y el empoderamiento” del colectivo.
Por su parte, el dirigente de la Fundación Marido y Mujer rechazó esta sentencia que calificó de “una vergüenza histórica”. EFE