Desde el pasado 18 de febrero el líder opositor venezolano Leopoldo López se encuentra recluido en la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas. Tras las fuertes jornadas de protestas vividas en el país a principios de año, la Fiscalía venezolana le acusa de «instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado determinador y asociación para delinquir», por los que podría enfrentar una pena de hasta 10 años tras las rejas.
Lo cierto es que seis meses después de su encarcelamiento, López sigue en prisión sin haberse llevado a cabo un juicio. La Fiscalía venezolana, cuya máxima autoridad es Luisa Ortega Díaz, ha demostrado –sin ningún tipo de disimulo– ser un órgano que recibe órdenes directas del gobierno y no tener ningún tipo de independencia. El pasado 28 de agosto, la justicia venezolana aplazaba la audiencia por tercera vez, a lo que el opositor reaccionaba: «Fue una cobardía de Maduro ordenar mi encarcelamiento y ahora tiene miedo que se escuche y se vea este juicio». La nueva fecha de su presentación será el próximo 10 de septiembre.
El eterno juicio a Leopoldo López –el opositor más importante junto a Henrique Capriles y María Corina Machado–, a quien no le han permitido presentar las pruebas que según sus abogados demuestran su inocencia, se interpreta como un claro aviso a navegantes para aquellos políticos contrarios a la revolución a los que les pueda pasar por la cabeza liderar movimientos de protestas en las calles venezolanas. El gobierno de Maduro no acepta disidencia alguna, y en el año y cuatro meses que lleva en el poder ha apretado más las tuercas a la débil oposición de lo que lo hizo en su tiempo el autoritario «líder supremo» de la revolución bolivariana, Hugo Chávez.
El de Lepoldo López no es el único caso de falta de transparencia e irrespeto al debido proceso en el país iberamericano. Muy conocido en Venezuela es el caso de Iván Simonovis, un excomisario de la Policía Metropolitana de Caracas que ha estado encarcelado durante los últimos 10 años y que hasta el pasado noviembre solo había visto la luz solar 13 días. El expresidente Chávez lo quería en prisión al considerarlo culpable de la violencia que tuvo lugar en Caracas durante el golpe de Estado de 2002, y el exfuncionario recibió una pena de 30 años, la máxima posible según las leyes venezolanas.
La oposición dice que es un preso político y ha demandado innumerables veces su puesta en libertad, ya que en su tiempo en prisión ha enfermado de diversas patologías que ponen en peligro su vida. Sin embargo, Maduro se ha negado a acceder a las peticiones de «medida humanitaria» que le permitirían recibir tratamiento médico adecuadamente.