La decisión del régimen de Nicolás Maduro de arrebatarle la ciudadanía a la actriz cubanovenezolana María Conchita Alonso representa el más reciente esfuerzo por silenciar a sus críticos en el exterior del gobierno bolivariano, que en los últimos meses ha emprendido una serie de acciones para llevar su mordaza a la libertad de expresión al plano internacional, publica El Nuevo Herald.
Antonio Maria Delgado
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En esta ocasión, las baterías del régimen se enfilan contra la reconocida artista, quien en los últimos meses se había convertido en una ardiente activista en defensa de las víctimas de la represión chavista y una dura crítica del régimen, llegando hasta el extremo de pronunciarse públicamente a favor de una intervención militar estadounidense.
Ese pronunciamiento a favor de una intervención militar fue precisamente el utilizado por el régimen de Maduro para justificar su decisión.
Pero la declaración de Alonso –por muy inapropiada que pudiese ser– está protegida por los derechos otorgados por la constitución venezolana a la libertad de expresión, y bajo ningún caso debería ser sancionada y mucho menos con la drástica medida de revocación de nacionalidad, afirmó la activista Patricia Andrade, presidenta de la ONG, Venezuela Awareness.
“Ella estaba dando su opinión, eso no es ningún delito”, dijo Andrade en Miami.
“Diferente podría haber sido si ella hubiese estado preparando una invasión. Pero Venezuela lo que está criminalizando es la opinión en un país extranjero, y lo está haciendo de una manera ilegal, quitándole la nacionalidad”, agregó Andrade, cuya ONG vela por los derechos humanos en Venezuela.
“Es una situación penosa”, coincidió desde Caracas el ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Milos Alcalay.
“Este es realmente un pésimo precedente que está produciendo este gobierno en el ámbito internacional. Esta es una represión [emprendida por Maduro] que está yendo mucho más allá de las fronteras”, comentó.
La decisión contra Alonso, publicada el miércoles en la Gaceta Oficial, no brinda explicaciones sobre la razones y sólo gira instrucciones para que se interponga “la acción de revocatoria de nacionalidad venezolana por naturalización de la ciudadana María Concepción Alonso Bustillos”.
El Ministerio de Comunicación explicó posteriormente que Alonso había manifestado en mayo, durante una entrevista con La Voz de América, que “ella deseaba ver que el gobierno estadounidense procediera militarmente contra la República Bolivariana de Venezuela”.
Alonso, quien se hizo famosa como cantente y actriz de telenovelas a finales de los años setenta, nació en Cuba pero llegó a Venezuela con sus padres, cuando tenía cinco años.
Después de participar en múltiples telenovelas venezolanas, la actriz logró incursionar exitosamente en Hollywood y llegó a desempeñar destacados papeles al lado de algunos de los más taquilleros artistas del momento, incluyendo a Sean Penn, Robin Williams y Arnold Schwarzenegger.
Pero en los últimos años, Alonso ha sido más conocida por su férreo activismo contra el chavismo en Venezuela, calificando de “desastre” la situación venezolana bajo los gobiernos de Maduro y del fallecido Hugo Chávez.
Más recientemente, la artista participó en distintos eventos para alertar ante el mundo las graves violaciones de los derechos humanos cometidos contra jóvenes manifestantes que organizaron una ola de protestas contra Maduro en la primera mitad de este año.
La decisión de arrebatarle a Alonso su ciudadanía es solo la más reciente de una cadena de acciones emprendidas por el régimen para tratar de silenciar las denuncias que están siendo formuladas en su contra en el terreno internacional.
En un bochornoso incidente que extendió la mordaza venezolana a Nicaragua este mes, las autoridades del gobierno de Daniel Ortega deportaron a Alcalay antes de que el respetado diplomático venezolano pudiese hacer una presentación sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela ante un seminario internacional sobre la libertad y la democracia organizado en el país centroamericano.
El ex embajador dijo que ni siquiera lo dejaron entrar al país. Al llegar al aeropuerto, lo despojaron de su pasaporte y lo deportaron sin que se le diera algún tipo de explicación.
Y la mordaza chavista también fue aplicada en Colombia con la expulsión de los estudiantes venezolanos que habían buscado refugio en el vecino país, agregó el diplomático.
Ese tipo de colaboración brindada por países vecinos al régimen de Maduro, son acciones que rompen con una larga tradición democrática, señaló.
“Colombia nunca expulsó a venezolanos de su seno, independientemente de sus posiciones políticas. Allí estuvieron asilados venezolanos que huían de las dictaduras de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez [1899 – 1935] y también los socialistas y comunistas que huían de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez [1952-1958]”, señaló Alcalay.
Adicionalmente, las acciones del régimen bolivariano por tratar de silenciar a sus críticos en el exterior también quedaron en evidencia con el proceso judicial emprendido en Venezuela contra la diputada María Corina Machado.
La dirigente, que fue destituida arbitrariamente de su puesto en la Asamblea por tratar de exponer las violaciones de los derechos humanos ante la OEA, actualmente enfrenta una prohibición de salir del país que silenció su voz en los foros internacionales donde previamente se había mantenido muy activa.
Twitter:@DelgadoAntonioM