A propósito del trabajo publicado el pasado domingo en Siete Días de El Nacional, “Los sueños rotos de los dólares Cadivi”, escrito por el colega Franz Von Bergen, recordé las múltiples oportunidades en las que entrevisté al doctor Arturo Uslar Pietri, quien nunca dejó de manifestar su inmensa preocupación por Venezuela y uno de sus peores flagelos: la corrupción. Von Bergen, para quienes no tuvieron la oportunidad de leer el trabajo, realiza un estupendo análisis sobre todo lo que pudo haberse construido y desarrollado en el país con los 25 millardos de dólares que se fugaron, en los últimos años, en empresas de maletín. Sin duda, una historia penosa y sórdida que engrosará el vergonzoso capítulo dedicado a la corrupción venezolana. El doctor Uslar nos alertaba siempre sobre este tema. Al aire o con los micrófonos apagados, Uslar Pietri ponía como ejemplo el Plan Marshall. Enumeraba con una precisión asombrosa la cifra con la que se logró la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y reflexionaba perplejo sobre cómo era posible que con este Plan –cuyo monto fue de 13 mil millones de dólares – se hubiese alcanzado en tan corto tiempo lo que parecía imposible. Y me pregunto: ¿Cuántos “Plan Marshall” habríamos podido cubrir con el dinero que se ha perdido, desaparecido, desviado o robado en estos últimos 15 años? Si estuviésemos conducidos por dirigentes honestos, hoy Venezuela sería una potencia.
Sin embargo, nuestra situación es de indigencia. Somos unos limosneros internacionales, arañando recursos para cubrir el enorme desastre y la incompetencia del régimen. ¡Y con la cantidad de dólares que ha entrado en la cosa pública y que de tan mala manera han administrado! No puede ser que los venezolanos nos tropecemos con informaciones que, prácticamente, ya no nos impactan como, por ejemplo “que aumenta en 150% el gasto adicional con respecto a 2013”. Es más, el presupuesto de la Nación arrancó en Bs 552,6 millardos y hoy en día está en Bs. 865,8 millardos. De acuerdo con los informes que han sido presentados a la Asamblea Nacional, en casi 9 meses, los diputados le han autorizado al Ejecutivo 313,2 millardos de bolívares en operaciones extraordinarias; ese gasto adicional supera en 150% al aprobado durante el mismo período del año pasado, que fue de 125 millardos. ¿Cómo es posible? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestros recursos se despilfarren sin controles ni auditorías? ¿Hasta cuándo los dineros públicos se manejarán como si se tratase de las cuentas personales de la gente del gobierno?
Otra arista de este mismo tema, es el importante pronunciamiento de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo que alerta sobre las consecuencias por la venta de Citgo Petroleum, filial de PDVSA en Estados Unidos. Con los ingresos de la venta de Citgo, el gobierno quiere pagar deuda. Pero, el asunto es que todos los venezolanos somos accionistas de PDVSA, y esta venta no la puede hacer Maduro sin consultarnos. Es más, sería una falta muy grave si ya lo hizo. ¿Para qué usarán el dinero de la venta? ¿Para más corrupción y despilfarro? Ese inesperado arrebato del gobierno por vender Citgo no es más que un intento desesperado por obtener liquidez. Cuando la solución no es vender una empresa, otrora orgullo de PDVSA, mucho menos empeñarla, ni subastarla: bastaría con que los miembros del gobierno hicieran “una vaca”, que por cierto, dudo que los empobrezca, y firmaran un chequecito de sus jugosas cuentas bancarias. Vender Citgo es perder una de las ventajas que tenemos a la hora de atender el mercado americano. Salir de allí, es cerrarnos las puertas y encaminarnos, aún más aceleradamente a la bancarrota. Además con otro agravante: no tenemos garantía de saber con exactitud el destino final de los dólares que se obtengan por la venta.
Un aspecto que debe llamarnos poderosamente la atención -y esto solo para fijarnos en un poder elemental, pilar de toda democracia- es un reciente estudio comparativo elaborado por los amigos de la ONG Transparencia, capítulo Venezuela, que acaba de revelar, nada más y nada menos, que nuestra Asamblea Nacional –esa que aprueba los créditos adicionales- ocupa la última casilla del índice latinoamericano de transparencia legislativa, con un penoso promedio de 21%, contra el promedio regional que llega al 40%. El análisis se centró en cuatro puntos operativos: normatividad, gestión, presupuesto y rendición de cuentas. Y nuestro poder Legislativo resultó el peor valorado de todos. Esto es muy grave, porque estamos hablando de una instancia que, en teoría, debería aprobar leyes que vayan en beneficio del colectivo nacional; pero, resulta que la dictadura que se vive en nuestra Asamblea, permite que el Ejecutivo no tenga control alguno y mucho menos el resto de los poderes. Si no se supervisa la sana administración de los recursos del Estado, es imposible sacar al país de la pobreza donde está hundida ¡ni con mil “Plan Marshall” subsidiados con la renta petrolera!… ¿Cuántos Plan Marshall se hubieran podido desarrollar con los dólares que se han robado en los últimos 15 años? Si no estuviésemos gobernados por buitres, hoy, sin temor a equivocarme, seríamos una gran potencia ¡hasta envidiados por Alemania!