Venezuela podría ser uno de los protagonistas de la Asamblea General de la ONU este año tras lograr el respaldo de América Latina para ocupar un asiento rotatorio en el Consejo de Seguridad. Los países latinoamericanos le dieron su apoyo unánime en una reunión a puerta cerrada ocurrida el 23 de julio en la sede de la ONU en Nueva York, según Amín Cruz, diplomático dominicano en la ONU que presidió dicho encuentro.
Una vez que un país recibe el apoyo de su región, su elección es casi una formalidad. Pero habrá que ver si surgen obstáculos, como ocurrió en el 2006, cuando Estados Unidos torpedeó la selección de Venezuela postulando a Guatemala. Luego de 47 votaciones en las que nadie obtuvo los sufragios necesarios, ambos países dieron un paso a un costado y Panamá se quedó con la plaza.
La Asamblea arranca el miércoles y escuchará seguramente nuevos planteamientos de los países de la región pidiendo la colaboración de la comunidad internacional en la lucha contra ese problema, que se hace sentir con mayor fuerza en naciones como Guatemala, El Salvador y Honduras, cuyos gobiernos se ven a menudo desbordados por la violencia y la corrupción asociados con el tráfico de drogas.
Ofrecerá a su vez un escenario mundial para los reclamos de Argentina relacionados con los “fondos buitres” que provocaron un “default” técnico de esa nación y para que el presidente Nicolás Maduro promueva la candidatura de Venezuela a una banca no permanente en el Consejo de Seguridad.
En un reflejo de la importancia que tienen el tráfico ilegal de drogas y sus derivaciones para América Latina, la OEA realizaba este fin de semana una asamblea extraordinaria en Guatemala para abordar el asunto, en medio de especulaciones de que piensa pedir a las naciones consumidoras que asuman un papel más importante en esta lucha.
Los expertos coinciden en que, si bien no se pueden esperar soluciones concretas en este tipo de reuniones, los países latinoamericanos podrán presionar en la Asamblea General de la ONU para que los niños inmigrantes obtengan un status de refugiados, sobre todo tomando en cuenta que un informe de marzo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados dijo que un 58% de los niños son elegibles para algún tipo de protección humanitaria.
“Si el UNHCR (la oficina del Alto Comisionado) habló de esto, sospecho que ahora muchos de estos países podrían pedir que se insista en eso y que se juegue un mayor papel a la hora de determinar cuál debería ser el estatus de estos niños”, opinó Christopher Sabatini, del Consejo de las Américas.
Los mandatarios centroamericanos podrían también hacer un llamado a que se respeten los derechos humanos de estos niños migrantes y expresar su decepción porque el Congreso de Estados Unidos no ha aprobado una reforma a las leyes de inmigración, de acuerdo con Cynthia Arnson, directora del programa de Latinoamérica para el Woodrow Wilson International Center for Scholars, que analiza asuntos de política internacional en Washington.
“Es un tema muy sensible para toda la región”, dijo la experta.
Todos estos son, de hecho, asuntos relacionados: mientras haya consumo de drogas, particularmente en Estados Unidos, seguirá habiendo narcotráfico, violencia, corrupción, pobreza y emigración en los países productores de narcóticos.
Más de 66.000 niños, casi todos salvadoreños, hondureños o guatemaltecos, fueron detenidos desde octubre del 2013 hasta agosto de este año tras ingresar ilegalmente a Estados Unidos sin sus padres, según datos del gobierno estadounidense. El presidente Barack Obama dijo que se había producido una “crisis humanitaria” y pidió al Congreso 3.700 millones de dólares para afrontarla.
Los cárteles y pandillas que controlan el tráfico de la droga son mencionados como los causantes de la emigración. El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, el hondureño Juan Orlando Hernández y el salvadoreño Salvador Sánchez Cerén vendrán a la Asamblea y es previsible que soliciten ayuda internacional, como ocurrió hace dos años, cuando los mandatarios de México, Guatemala y Colombia redactaron una carta en la que promovieron la exploración de alternativas a la solución militar en la lucha contra el narcotráfico, incluida la legalización del consumo de ciertas drogas.
Esos pronunciamientos, no obstante, no resuelven nada si no hay un cambio en la mentalidad de los organismos internacionales como la ONU y no se promueven programas pilotos revolucionarios sobre regulación y descriminalización de las drogas, opina el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo, quien forma parte de una coalición llamada Global Comission on Drug Policy.
“Hacer una bonita declaración en la Asamblea General no es suficiente”, opinó el ex mandatario.
El grupo del que es parte, que incluye al ex presidente colombiano César Gaviria, presentó la semana pasada en Nueva York un informe a favor de la regulación de las drogas. La comisión espera que la sesión especial sobre drogas que mantendrá la Asamblea General en el 2016 abra una nueva perspectiva y se debatan políticas regulatorias como las adoptadas por Uruguay o los estados de Washington y Colorado en Estados Unidos.
La presidenta argentina Cristina Fernández, por otro lado, vendrá a la ONU justo después de reunirse con el papa Francisco en El Vaticano. La invitación del pontífice a la mandataria se ha interpretado en algunos círculos argentinos como un gesto de respaldo, tras las derrotas que el país ha sufrido en las cortes estadounidenses ante fondos de inversión que el gobierno argentino describe como “buitres” por su actitud depredadora.
Para Arnson, el problema no afecta sólo a Argentina sino que tiene repercusiones en la región.
“Es un mal precedente que una minoría de tenedores de bonos pongan en jaque la economía de todo un país”, dijo Arnson. “Hay una gran preocupación en la región por lo que está ocurriendo”.
La votación es el 16 de octubre. AP