En primer lugar, la prestación de servicios en condiciones dignas supone no solo un elenco de derechos que resguarden la seguridad y salud de los trabajadores, sino además mecanismos efectivos para garantizar su cumplimiento. Me pregunto: ¿Qué sentido tienen esas normas en un país donde el 40% de la fuerza laboral presta servicios en el sector informal de la economía?, ¿que no estaba vigente acaso la legislación sobre esta materia cuando ocurrió la tragedia de Amuay? Más allá de lo anterior, hablar de condiciones dignas involucra respeto hacia los trabajadores, sin discriminaciones de ninguna índole; y por supuesto, sin acoso laboral (término que por cierto se vuelve común en estas fechas, sino pregúntele a los trabajadores de la comunicación). Es decir, un trabajo en el que a usted no le obliguen o prohiban (según el caso) marchar, ni a vestir una camisa con una consigna política, ni donde su estabilidad laboral depende directamente de su grado de “lealtad con el proceso”.
En segundo lugar, hablar de trabajo decente involucra un ingreso salarial que permita a quien presta servicios no solo satisfacer sus necesidades básicas, sino además las de su entorno familiar, lo que entre otras cosas implica el acceso a la propiedad privada. ¿Es posible esto en un país donde casi el 70% de la población empleada en el sector formal gana el equivalente a un salario mínimo?. La respuesta la da el propio Instituto Nacional de Estadística (INE) cuando en sus informes revela que desde el segundo semestre de 2014, el costo de la Canasta Alimentaria Normativa es superior al salario mínimo. ¿Cómo se combate la delincuencia en un país donde una persona que trabaja un año no puede -ni ahorrando el 100% del ingreso- comprar un equipo celular promedio?, ¿está bien que una persona vea transcurrir su vida laboral sin aspirar genuinamente a tener un vehículo o independizarse y contar con vivienda propia?
En tercer lugar, en cuanto al respeto de los derechos laborales fundamentales de los trabajadores, es importante recalcar en efemérides como estas que, aunque existen más de 150 obligaciones patronales, su cumplimiento se mide con dos varas distintas dependiendo si la prestación de servicios tiene lugar en el sector público o en el sector privado. Por ejemplo ¿cómo es que la libertad sindical es un derecho humano fundamental únicamente cuando se trate de trabajadores del sector privido y en cambio si su ejercicio se ensaya en el sector público se le trata como delito y se reprime con la fuerza pública y los posteriores jurístas del horror?. Por otra parte ¿de qué sirve establecer tantos derechos para los trabajadores si, de nuevo, el 40% de la fuerza de trabajo está en el sector informal y existe un 7% de tasa de desempleo?
Finalmente y no menos importante, el diálogo y la concertación social como medio para dirimir los conflictos que se suscitan con ocasión del trabajo. Con sinceridad pregunto ¿está eso presente en nuestro contexto actual?. Más allá del verbo oficial y del simulacro comunicacional ¿que no acaba “el proceso” imponiendo su criterio laboral con sus respectivas aplandoras de poder?. Con dolor hay que admitir que en nuestro país se creó un estigma en torno a que los actores laborales (trabajador, patrono y Estado) acuerden políticas coherentes, viables, que tomen en cuenta de modo sincero los intereses de todos y con base en objetivos comunes. El tripartismo fue excluído de la LOTTT y sustituido por un entramado normativo donde el Estado impone al patrono cargas laborales cada vez más pesadas sin importar si ello se traduce en una situación económica inviable, pues al fin y al cabo la fórmula socialista consiste en que una vez que la empresa se cierre viene la ocupación o toma laboral y la respectiva cadena nacional.
Por lo tanto, en la oportunidad que la OIT celebra el día internacional del trabajo decente, los venezolanos estamos lejos de una sincera conmemoración, ya que por insólito que parezca, nuestro régimen obrerista tiene a la fuerza laboral del país pasando trabajo.