El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reclamó hoy a Venezuela que persisten leyes discriminatorias contra las féminas a pesar de las múltiples reformas legales llevadas a cabo en los últimos 15 años.
“A quince años de la reforma de la Constitución de 1999, persisten leyes y normas discriminatorias muy claras tanto en lo civil, lo penal y lo laboral”, afirmó durante la sesión Olinda Bareiro-Bobadilla, miembro del Comité.
Hoy comenzó en Ginebra la primera sesión de la CEDAW sobre Venezuela en el que se evaluará el cumplimiento del país sudamericano de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Bareiro dijo que podría citar “decenas” de leyes y normas discriminatorias, pero que dada la limitación de tiempo, se limitaría a citar las más acuciantes.
Entre ellas destacó “la exculpación de un violador si se casa con su víctima. Lo que permite que la violencia persista contra la mujer durante toda la vida”.
Otro de las leyes discriminatorias citadas por la experta es la que regula el supuesto delito de adulterio.
“El adulterio se trata de forma distinta si quien comete adulterio es un hombre o una mujer. Para los hombres sólo existe adulterio si la relación sexual con otra persona se realiza en múltiples ocasiones. Para una mujer, sólo se precisa una vez para que sea declarada adúltera”.
Otro de los aspectos que Bareiro destacó es el hecho de la edad mínima para poder casarse.
La experta alabó que la edad mínima se haya equiparado entre chicas y chicos -antes era 14 años para las mujeres- pero recordó que tanto para el Comité como para muchos órganos de la ONU, la edad mínima para poder casarse debería ser 18 años, y no 16 como establece la ley venezolana.
Tras las cuestiones, la delegación venezolana, liderada por la ministra del Poder Popular para la Mujer, Andreina Tarazón, intentó responder, aunque estas respuestas no convencieron a la experta, que preguntó si tenían “identificadas las normas discriminatorias”.
“Y si no tienen, por qué no lo han hecho? Han tenido 15 años. Entonces si no lo tienen, ¿cuándo van a hacer una agenda legislativa para identificarlos?”, dijo la experta.
La respuesta la dio de Carme Zuleta de Merchán, miembro del Tribunal Supremo de Justicia, quien dijo que esas “normas vetustas” en realidad no se aplican, porque aunque algunas persisten, se interpretan judicialmente de forma distinta.
Silvia Pimentel, otra de las expertas, lamentó que a pesar de las múltiples modificaciones legislativas llevadas a cabo por Venezuela para supuestamente acabar con la discriminación y mejorar el estatus de la mujer no se cuenta “con datos concretos de la realidad”.
“¿Cómo se monitorean todas esas leyes y normas? ¿cómo se evalúan?”, se preguntó, en la misma línea, otra de las expertas, Maria Helena Lopes de Jesus Pires.
Pimentel también cuestionó por qué el Gobierno “no dialoga con grupos de mujeres autónomos, no gubernamentales”, pregunta que quedó sin respuesta.
Otro de los aspectos que la delegación no respondió fue la pregunta de la presidenta del Comité, Nicole Ameline, sobre la violencia en Venezuela, el efecto que tiene en las mujeres, y específicamente, la situación de las mujeres encarceladas.
EFE