Dilma Rousseff camina hacia su segundo gobierno en Brasil con la cruz de la corrupción a cuestas, y deberá tomar medidas concretas para enfrentarla, comenzando por un explosivo escándalo en Petrobras.
“Voy a investigar duela a quien duela, no va a quedar piedra por levantar. Quiero que se aclaren todas esas investigaciones”, dijo Rousseff a la televisión Récord el lunes, al día siguiente de imponerse por apenas tres puntos sobre su rival socialdemócrata Aecio Neves.
En su primer discurso tras ser reelecta, también prometió que endurecerá las penas contra los corruptos “para acabar con la impunidad”.
La exguerrilla de 66 años, con fama de dura, reconoce de esta manera el rechazo cada vez más visceral de la sociedad brasileña frente a los escándalos de corrupción que han corroído considerablemente la imagen de su izquierdista Partido de los Trabajadores, desde hace 12 años en el poder.
– Escándalo en Petrobras –
Pero sus esfuerzos de reformas corren el riesgo de ser contaminados por recientes denuncias sobre millonarios desvíos de fondos de la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil.
El escándalo explotó en plena campaña electoral, y recién está en sus comienzos.
El principal implicado es el exdirector de Abastecimiento de Petrobras (2004-2012) Paulo Roberto Costa, funcionario de carrera pero que fue nombrado en el cargo durante el primer gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva.
Ahora en prisión domiciliaria, busca reducir su pena otorgando información privilegiada que involucra al menos a medio centenar de políticos. Entre ellos se cuentan el tesorero del PT, el ministro de Energía y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados -estos tres últimos, integrantes del partido PMDB, aliado del gobierno-, en un esquema de desvío de unos 4.500 millones de dólares.
Su cómplice, el empresario Alberto Youssef, también preso desde marzo y acogido a un beneficio para reducir su pena, ha dicho a la policía que tanto la presidenta como su antecesor Lula estaban al tanto de la corrupción.
Las declaraciones sin pruebas fueron publicadas por la revista Veja, abiertamente hostil al gobierno, en una edición adelantada, a dos días del balotaje. Rousseff y Lula han rechazado esas acusaciones por “terrorismo electoral” y anunciado una acción judicial contra la revista.
“Si lo que están diciendo se comprueba, eso va a golpear muy fuerte al segundo gobierno de Dilma y hasta puede terminar en un pedido de destitución”, consideró el fundador de la ONG Cuentas Abiertas, Gil Castelo Branco.
– Antecedentes –
Para dificultad de Rousseff, no es la primera vez que el PT está envuelto en un problema de este tipo. Aún está fresco el ‘Mensalao’, un escándalo por la compra de votos de legisladores aliados en el primer gobierno de Lula por el cual varios jerarcas del partido gobernante fueron condenados en 2012 y ahora purgan condena.
Entre ellos, la mano de derecha de Lula, el exjefe de gabinete José Dirceu, aunque el expresidente no fue implicado.
“En aquella ocasión, el tesorero del PT, Delubio Soares, fue condenado. Ahora, el nuevo tesorero, Joao Vaccari, ha sido acusado por los implicados en Petrobras. Entonces, cada vez se hace más difícil negar que lo sabían”, agregó Castelo Branco.
En campaña, Rousseff se comprometió a modificar leyes para endurecer penas contra quien se enriquezca ilícitamente desde el sector público, e incluso confiscar los bienes adquiridos. Además, ha dicho que si sus correligionarios están presos, es porque en el gobierno del PT se dejó a la justicia actuar y no se intentaron tapar las acusaciones, como sucedía antes, durante los gobiernos del PSDB, partido de su rival Aecio Neves.
– Reforma política –
El Congreso, que resultó muy fragmentado tras la elección, podría convertirse en una caja de resonancia de esas acusaciones, con una oposición fortalecida y con menor número de miembros del PT.
Rousseff llamó a una concertación para llevar a cabo un plebiscito para una reforma política, la única manera de cortar de raíz con muchas prácticas corruptas de la clase política.
Si bien el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras, hay 28 partidos representados en el parlamento y esto lleva al PT a aliarse de manera circunstancial con partidos con los que tiene poco y nada en común para poder gobernar.
“Hay partidos que pactan con agrupaciones pequeñas para que estas no los fiscalicen y a cambio ofrecen cargos en alguna gerencia, alguna dirección”, explica el director ejecutivo de Transparencia Brasil, Claudio Abramo.
Rousseff ha indicado que también quiere eliminar el financiamiento de las campañas electorales por parte de las empresas. Aunque algunos analistas temen que, de no tener ese apoyo, la tentación hacia el dinero sucio sería mayor, y que lo mejor sería establecer límites en las donaciones.
Los grandes partidos están de acuerdo en la necesidad de una reforma política. Pero no sobre el contenido ni el método, lo cual es perfecto para los muchos interesados en mantener el statu quo.
AFP