Mantener el crecimiento económico, contener el déficit fiscal y los recientes señalamientos por las deficiencias en la estructura contra el lavado de dinero fueron identificados por la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor´s como algunos de los principales retos que debe encarar la administración del presidente, Juan Carlos Varela.
Después de ratificar el pasado 30 de septiembre la calificación de riesgo del país dentro del grado de inversión (nota BBB), la agencia emitió un reporte en el que esbozó sus expectativas sobre el devenir del país y sobre qué podría modificar la calificación crediticia, que mide, principalmente, la capacidad del país de hacer frente al pago de su deuda.
“El reto inmediato para el nuevo gobierno es estabilizar el déficit fiscal de 2014”, señala el reporte. Esta realidad había sido advertida por el equipo económico de la nueva administración, que recibió el Gobierno el pasado 1 de julio con un déficit superior a los $1,500 millones y créditos extraordinarios aprobados por $600 millones que no tenían el ingreso extra que los respaldara. El Ejecutivo tomó la decisión de elevar el límite de déficit establecido para este año en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que pasó de 2.7% a 4.1%.
Como el resto de la agencias de calificación de riesgo, Standard & Poor´s recuerda que los límites marcados por esta ley “han sido elevados varias veces en los últimos años”. Sí espera, no obstante, que la administración Varela ajuste moderadamente la política fiscal en los próximos años, en línea con unas perspectivas de crecimiento del producto interno bruto (PIB) más bajas, lo que resultará en una carga de la deuda estable.
La agencia explica que el país enfrenta retos fiscales a pesar de un periodo prolongado de fuerte crecimiento económico porque en los últimos años se aplicó una política fiscal pro-cíclica –aumentar el gasto público en época de crecimiento– para impulsar las inversiones y establecer la base de un desarrollo de largo plazo.
La importancia del crecimiento económico
El dinamismo de la economía nacional ha sido la base para las mejoras de calificación que ha recibido el país, que desde 2010 se encuentra en el reducido grupo de países de América Latina que tienen grado de inversión.
“El rápido crecimiento económico ha sido un factor clave en la mejora de nuestra calificación a Panamá en los últimos años y ahora es un pilar que sostiene la calificación en su nivel actual”, apunta la agencia, que recuerda que el PIB per cápita se ha más que duplicado en la última década.
Para los próximos años se espera que continúe el crecimiento de la economía, pero a un ritmo inferior al del pasado reciente. Standard & Poor´s prevé un crecimiento anual promedio de 6% para los próximos cuatro años (entre 2010 y 2013 la tasa fue de 9.8%) tomando en cuenta un crecimiento estable en Asia y en Estados Unidos.
Sobre los factores que sustentan las perspectivas positivas de crecimiento, la agencia destaca algunas inversiones públicas como la puesta en marcha de la primera línea del Metro y la próxima construcción de la segunda; la ampliación de carreteras, puertos y aeropuertos y la conversión del aeropuerto de Tocumen en un hub para viajar en el hemisferio occidental.
Otra fortaleza es la diversificación de la economía en los últimos años, con el auge del turismo, el establecimiento de sedes regionales de más de 110 multinacionales o el potencial desarrollo de la minería de cobre.
No olvida la agencia la importancia del Canal de Panamá, “el símbolo global más potente de Panamá”, que es además un “generador de actividad económica y provee importantes aportes al Gobierno”.
De manera que, según Standard & Poor´s, “un potencial deterioro en la gestión del Canal o percepciones negativas sobre su autonomía tendrían consecuencias económicas más amplias y dañarían la confianza en el país”.
Las listas entran en el análisis
La inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi) fue también objeto de comentarios por parte de la calificadora Standard & Poor´s.
La aparición en la lista refleja “la percibida debilidad del país para controlar el lavado de dinero y para compartir información financiera con otros países”. Aunque se han aprobado algunas de las reformas necesarias, como la inmovilización de las acciones al portador, “la implementación ha sido débil”, recoge el informe. Por ejemplo, la Ley que crea el régimen de custodia de acciones al portador fue aprobada en 2013, pero su entrada en vigor se pospuso hasta 2015 y la aplicación no será completa hasta 2018.
La agencia prevé que el Gobierno dé los pasos necesarios para terminar con el uso de acciones al portador y ampliar la obligación de reportar operaciones sospechosas a más actividades económicas.
También se refiere Standard & Poor´s a las diferencias de Panamá con Colombia por la aspiración del país vecino de recibir información sobre las cuentas que sus ciudadanos tienen en el centro bancario panameño.
Estas realidades revelan el “gran reto de adaptar el marco regulatorio y legal del sector financiero a las cambiantes condiciones globales”.
Unos cambios “inherentemente complicados”, que debería impulsar un Ejecutivo que está en minoría en la Asamblea, “lo que hará difícil obtener apoyo legislativo para potenciales cambios en políticas que encontrarán resistencia de poderosos grupos de interés locales”.
Por Roberto González Jiménez en el diario La Prensa (Panamá)