La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resaltó este jueves el deber del gobierno Venezuela de prevenir situaciones de inseguridad en sus cárceles, luego de que casi medio centenar de reclusos falleciera por intoxicación a fines de noviembre, reseña AFP.
Venezuela “debe tomar todas las medidas necesarias para prevenir situaciones de riesgo que, como la presente, amenacen gravemente los derechos fundamentales de los detenidos”, señaló la CIDH en un comunicado.
La salvaguarda de la integridad y la vida de los presos es un “deber jurídico ineludible” de las autoridades venezolanas, dijo la Comisión, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La CIDH expresó su “profunda preocupación” por las muertes por intoxicación, ocurridas en el penal de Uribana en el estado Lara (norte), y llamó al gobierno a adoptar medidas para evitar que se repitan.
La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, dijo el miércoles que la cifra de fallecidos llegó a 48, mientras un centenar sigue bajo cuidados hospitalarios.
Este es el segundo incidente grave que se registra en Uribana en los últimos años luego de que en enero de 2013 murieran 58 reclusos en una reyerta para hacerse con el control del penal, con capacidad para 850 reclusos pero que alberga actualmente a unos 3.700.
En un informe difundido a fines de noviembre, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas denunció la “tragedia” del sistema penitenciario venezolano, plagado de cárceles hacinadas y violentas donde las armas “circulan casi libremente”.
En el primer semestre de 2014, la población carcelaria sumó 55.007 personas, contra una capacidad instalada de 19.000. En ese lapso murieron 150 reclusos en distintos episodios de violencia -como reyertas o motines- en varios centros, según la organización civil Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
A esa situación se le suma la actuación de mafias en el interior de las cárceles, según denuncias de la OVP y de otras organizaciones.
Pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura estar aplicando un régimen de humanización y disciplina en los centros penitenciarios, reseñó AFP.
La CIDH expresó hoy su “profunda preocupación” y urgió a Venezuela a tomar medidas tras la muerte por intoxicación de al menos 40 reclusos que días antes habían protagonizado huelgas de hambre y protestas contra los supuestos malos tratos recibidos en la cárcel.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado de Venezuela a que tome las medidas necesarias para evitar que se repitan hechos como los sucedidos en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental “David Viloria”, anteriormente “Cárcel de Uribana”, ubicado en el estado de Lara.
En un comunicado emitido en Washington, la CIDH dio la cifra de al menos 40 reos fallecidos, aunque la ministra venezolana de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, confirmó este miércoles la muerte de 48 reos y la intoxicación de 145 personas, 20 de las cuales permanecen en coma.
De acuerdo con la información de la CIDH, durante el 24 y el 25 de noviembre los reclusos ejecutaron actos de protesta (incluida una huelga de hambre) contra los supuestos abusos de las autoridades del penal.
Mientras se sucedían las protestas, las autoridades iniciaron el 25 de noviembre un proceso de traslado masivo de internos hacia otros penales e intentaron controlar la situación en la cárcel “David Viloria” con la intervención de la Guardia Nacional Bolivariana.
En ese contexto, el 26 de noviembre, se hizo pública la intoxicación de los internos al parecer por la ingesta de medicamentos combinados.
Según el Ministerio Penitenciario de Venezuela, ese día “algunos privados de libertad, en situación de insubordinación procedieron a asaltar el puesto de salud e ingresaron violentamente al área de enfermería, (…) procediendo a ingerir múltiples fármacos”, en señal de “insubordinación” para pedir la destitución del director del centro.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), órgano judicial de la OEA con sede en Costa Rica, ya dictó medidas provisionales contra Venezuela por este penal el 2 de febrero de 2007 y la reiteró con una resolución el 13 de febrero de 2013.
En esas ocasiones, la Corte pidió a Venezuela que adoptara de forma “inmediata y definitiva” las medidas necesarias para evitar la pérdida de vidas y los daños a la integridad física, psíquica y moral de los internos, así como de quienes los visitan o trabajan allí.
Por eso, la CIDH recordó hoy a Venezuela que tiene “el deber jurídico ineludible” de adoptar acciones concretas para proteger el derecho a la vida y a la integridad personal de los reclusos.
Además, la CIDH recuerda al país latinoamericano que tiene “la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia” todas las muertes de personas bajo su custodia para dirimir quiénes fueron los autores intelectuales o las autoridades responsables, informó EFE