En una mala imitación de aquellos viejos actos de exhibición de delirios de grandeza, esta semana los venezolanos fuimos testigos de excepción de cómo el desespero del régimen crece a medida que el socialismo del siglo XXI muestra su fracaso económico. Bastó apenas que el Congreso de los Estados Unidos aprobara sanciones contra algunos funcionarios venezolanos (no contra el país) para ver las inflamaciones de rostros dentro de la comarca roja. La petrochequera deprimida ya no causa el mismo efecto en el bloque Latinoamericano y una tibia solidaridad internacional toma distancia, pues aunque usted no lo crea, mientras el régimen pelea contra “el imperio”, la noticia del día es que Cuba y Estados Unidos retoman sus relaciones económicas y políticas.
No hubo tiempo de vals en los primeros quince años de la Constitución. Celebración sin bulla ni oropeles diría el Doctor Caldera. Parece mentira cómo un traje hecho a la medida de un proyecto, en tan corto tiempo les queda apretado a quienes nos regentan. Al parecer, vaciar de contenido las normas constitucionales ha sido la estrategia para hacer el espacio necesario a las nuevas dimensiones de la “revolución”. El lunes, mientras observaba cómo usaban la espada de Simón Bolívar para hacer extravagantes juramentos político-partidistas, vino a mi mente aquello que sostuvo hace ya nueve años Roberto Mangabeira en su obra intitulada What Should the Left Propose, cuando refiriendo a la muerte del marxismo como doctrina, recriminaba la incapacidad de la izquierda para identificar un agente de cambio: los trabajadores que quieren ser pequeños burgueses (al buen entendedor, pocas palabras).
Es normal que siendo nuestro país presidencialista, la atención se concentre en Nicolás Maduro quien además es el Jefe de Estado. Lo que diga, haga o deje de hacer tiene mucho impacto, pues cómo bien señala el artículo 232 de la Constitución vigente es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo (algo que por cierto, los venezolanos nunca debemos olvidar). Por eso, al igual que en otras áreas, en materia presidencial hay una asociación directa entre quien regenta y el resultado de su gestión, de allí que no tiene nada de particular ni es inconstitucional que corolario de un mal desempeño, los ciudadanos pidan que ponga su cargo a la orden.
Ahora bien, la renuncia es un acto de voluntad unilateral en cabeza de la persona que ejerce el cargo. De tal suerte que así como es políticamente genuino pedirla, es jurídicamente correcto que el ocupante de Miraflores no la acuerde. En otras palabras, duélale a quien le duela, es sólo al Presidente de la República quien jurídicamente puede renunciar a su cargo. ¿Quiere decir esto, que Maduro es Inamovible? Por supuesto que no. El Presidente de la República está excluido del régimen jurídico de estabilidad absoluta. Su cargo es producto de la votación universal, directa y secreta (por eso la importancia de un Consejo Nacional Electoral verdaderamente independiente y ajeno a toda parcialidad política). Su ejercicio refrenda o no ese apoyo popular recibido inicialmente, de allí que en política se hable de legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio.
Respecto de la Constituyente, voy a ser diáfano y severo como siempre he sido en cada una de mis opiniones: No comparto la activación de este mecanismo como excusa para barrer los poderes públicos, pues más allá del inminente peligro que ello entraña, creo además que es acertada la opinión de expertos según la cual es inviable cuando no se promueve desde el poder sino contra el poder. Nuestra Carta Magna precisa muy bien cuáles son los medios lícitos y democráticos en torno a los que giran las faltas absolutas del Presidente de la República, sin atajos, sin ruptura del hilo constitucional, pero también sin tolerar ninguna acción que contraríe nuestro Texto Fundamental, los valores, principios y garantías sobre los que se sostiene; y sin permitir violaciones a los derechos humanos fundamentales.
Hay un hecho curioso en este extraño mitin multipropósito del pasado día lunes de la semana corriente: el presidente obrero (Constitución en mano) señaló que va a delegar durante el primer trimestre de 2015 en el Vicepresidente, Ministros y demás miembros del tren ejecutivo, toda la agenda política, social y de gobierno. ¿La excusa? ganar la guerra económica que el mismo se inventó. Luego de revisar una y otra vez la Constitución cumpleañera, no veo que esta sea una atribución; por el contrario, el numeral 2 del artículo 236 señala que es una obligación del Presidente “Dirigir la acción del Gobierno” (no delegarla). ¿Cómo interpretaría usted por ejemplo, que mientras se hunde el TITANIC el capitán del barco le diga a todos que no va a conducirlo ni tocar el timón, sino que va a bajar al sótano para ganarle la batalla a la inundación? Creo, que los constitucionalistas deben pronunciarse al respecto. En lo que a mí respecta, digo con toda la responsabilidad que atrás quedó el ejercicio sindical del presidente obrero y el fuero de protección frente al despido que lo acompañaba en ese entonces, pues como primer mandatario nacional ni tiene la estabilidad absoluta de un funcionario de carrera, ni es inamovible.