La libertad estuvo restringida durante el 2014. Las 3 mil 500 detenciones arbitrarias que se registraron en el país luego de las protestas del 12 de febrero en rechazo a los lineamientos del Gobierno nacional, son una prueba de ello. De esta cifra, 2 mil personas están bajo régimen de presentación, reseña El Carabobeño.
Estas detenciones se ejecutaron sin una orden judicial. El abogado Rafael Narváez reveló estos datos y explicó que las leyes venezolanas establecen que los individuos que son encarcelados deben ser notificados, por lo que considera que los apresados por estas manifestaciones fueron testigos de tratos crueles e inhumanos por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y otros cuerpos de seguridad del Estado.
Estos casos se registraron en centros policiales y destacamentos militares, sin que la víctima se comunicara con su abogado. El defensor de los Derechos Humanos rechazó que se realizaran audiencias de presentación en estos espacios, cuando son los jueces de la jurisdicción los que están en la capacidad de llevarlas a cabo.
Luego de los sucesos de febrero el Poder Judicial publicó una sentencia en la que exponía que las protestas debían contar con un permiso por parte de las alcaldías para ser ejecutadas, lo que impidió el derecho a la manifestación, establecido en el artículo 68 de la Carta Magna.
En este apartado también se plantea la prohibición del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, algo que no se cumplió, además de la regulación de la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.