La Cámara de Senadores de Bolivia aprobó este jueves la destitución de la magistrada Rosario Chánez del Tribunal Constitucional (TC), en un juicio de responsabilidades que el oficialismo entabló por la suspensión de una ley del notariado elaborada por el gobierno.
El Senado, en audiencia pública y después de más de dos meses, resolvió que “se dispone la destitución definitiva de la sumariada, Soraida Rosario Chánez, del cargo de magistrada del Tribunal Constitucional”.
El proceso comenzó en octubre contra Chánez y sus colegas Ligia Velásquez y el indígena Gualberto Cusi, todos ministros del TC, porque suspendieron la aplicación de la Ley del Notariado, lo que -según el oficialismo- causó un vacío legal en los registros de nacimiento, de defunción y de bodas.
Velásquez dimitió como magistrada durante el proceso y Cusi fue excluido por el Senado tras revelarse que padece de sida, por lo que ambos fueron separados de la sentencia de destitución.
La resolución del Senado, controlado por el oficialismo, también establece que Chánez, “cometió faltas muy graves, al dictar sentencias contrarias a la Constitución y las leyes”.
La magistrada destituida señaló, tras conocer el fallo, que “la sentencia estaba anticipada” y denunció que “desde un inicio se ha coartado el derecho a la defensa, el poder producir pruebas y todo se nos ha rechazado con el ánimo de dictar a una sentencia en forma acelerada”.
Anunció que acudirá a instancias internacionales para denunciar que se violaron sus derechos.
Los magistrados del Tribunal Constitucional (que sigue funcionando con otros siete jueces) fueron elegidos de manera inédita por voto popular en 2011, junto a otras autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Agroambiental.
Esa reforma de fondo, impulsada por el presidente Evo Morales, no dio resultados, según admitió el propio mandatario, quien llamará este año a un referéndum para reformar la justicia, atravesada por la lentitud y la corrupción.
Una Comisión Internacional de Juristas (CIJ), con sede en Ginebra, había expresado en octubre sus cuestionamientos al proceso y les dijo a los parlamentarios bolivianos que “violan la independencia del poder judicial y el derecho a un juicio justo”.
AFP