La Fiscalía inventó un delito, hasta más de uno. Un tribunal ha servido de comparsa y difiere audiencias, pone una y otra traba. Usan al Ejército como carceleros y les encargan tareas sucias, las de incomunicar al preso, maltratar a la esposa y a los hijos, golpear a quienes tratan de visitarlo.
Son instituciones públicas las involucradas. El aparataje informativo a la cabeza. Periodistas pagados con dineros del Estado, camarógrafos, locutores, técnicos de las plantas de TV del gobierno, relacionistas, todos dedicados a convencer al país sobre la culpabilidad del detenido que ha violado la Constitución y faltado a una veintena de leyes.
El montaje ha sido un esfuerzo de nueve meses de fingimiento. Y de repente, fiscales, jueces, esbirros, chupatintas y politiqueros artífices de esa mentira quedan en evidencia, desnudos en pelota ante todo el país, porque Maduro en un alarde de poderío confiesa que ese es su preso.
En jaquetón desafío al Presidente de los Estados Unidos de América le advierte que él puede disponer de ese preso cuando le dé la gana. Sólo haría falta que Obama le entregue a cambio otro reo, que nada tiene que ver con Venezuela pero el hombre se siente adalid de todo quien lo chulea y necesita roncar, aparentar fortaleza.
La Fiscal reenganchada en pago de unos cuantos expedientes cuidadosamente armados ha quedado como lo que todo el mundo sospecha que es. El tribunal de la causa nada dice. Mucho menos el otro tribunal que se las da de supremo.
Todo ha quedado claro. A confesión de partes, relevo de pruebas. En Venezuela, con este gobierno arbitrario, va preso quien Maduro quiera, cuando él ordene y por el tiempo que se le antoje. No hay justicia sino venganzas a cargo de quien reparte los cargos de fiscales, jueces y magistrados.
Quienes hacen de diputados de la Asamblea Nacional voltean hacia otro lado, como si no fuese con ellos.
Los escribidores oficialistas, autodenominados de izquierda, para nada comentan el asunto. No se sabe si por vergüenza o por obediencia a quienes les señalan el guión y los textos que suscriben.
Lo único que falta es que los siete de eso que llaman Sala Constitucional sentencien que comentar la fanfarronada de su jefe es inconstitucional.