El Ministerio Público imputó a 25 personas, entre ellos, el gerente y la subgerente del Abasto Bicentenario ubicado en Ciudad Bolívar, Jorge Pérez Zapata y Magaly Campos Abad, respectivamente, por su presunta vinculación con el expendio clandestino de artículos de primera necesidad el pasado miércoles 14 de enero.
En la audiencia de presentación, las fiscales de la Sala de Flagrancia y 4º de Ciudad Bolívar, Zoraida Betancourt y María Pérez, respectivamente, imputaron a Pérez Zapata por presuntamente incurrir en los delitos de boicot, reventa de productos de primera necesidad, corrupción entre particulares y agavillamiento; mientras que Campos Abad fue imputada por obstrucción a la administración de justicia.
Asimismo, fueron imputados los trabajadores de la red de distribución de alimentos Francisco Rivilla, Franklin Mendoza, María Ortega, Jhan Sousa, Ronald Flores, Edgar Medina, José Gallegos, Julián Tapia, Yorfreddy Bello, Yonneli Narváez, Joamil Vera, Oriana Hernández y Yelitza Criva por presuntamente ser cómplices en el delito de boicot, reventa de productos de primera necesidad, corrupción entre particulares y agavillamiento.
Adicionalmente, Juan Quiroz, Darwin Lira, José Hernández, Bernardo Velásquez, Kesley Ortega, Henri Malave, Deivis Sarmiento, Luis Patriz, Ángel Carpio y José Piamo fueron imputados por los citados delitos.
En ese sentido, el Tribunal 3º de Control de Ciudad Bolívar dictó arresto domiciliario para el gerente y libertad sin restricciones para la subgerente.
Por tal motivo, las fiscales del Ministerio Público apelaron la decisión de la mencionada instancia judicial y pidieron la aplicación del efecto suspensivo, es decir, que Pérez Zapata y Campos Abad permanezcan detenidos hasta que la Corte de Apelaciones se pronuncie acerca del recurso interpuesto.
En el caso del resto, el tribunal le acordó medidas cautelares consistentes en la presentación periódica cada treinta días.
Según la investigación preliminar, a las 10:30 de la noche del mencionado día, personal de guardia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fueron notificados de que un grupo de trabajadores del Abasto Bicentenario, situado en la avenida 17 de Diciembre de Ciudad Bolívar, estaban vendiendo de forma clandestina productos de la cesta básica.
Por tal motivo, una comisión integrada por funcionarios del Sebin y de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos se trasladó al lugar para corroborar tal situación.
Al llegar, los funcionarios ingresaron al local, donde hallaron a trabajadores vendiendo productos clandestinamente a un grupo de personas.
Inmediatamente, los hoy imputados fueron detenidos con excepción de la subgerente, a quien aprehendieron el día siguiente por alterar el sitio del suceso.