Docentes agremiados en la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) procedentes de las distintas regiones y universidades del país, reunidos en la sede de la Universidad Simón Bolívar (USB), en Sartenejas-Baruta, hoy, 04 de febrero de 2015, nos pronunciamos públicamente una vez más, para expresarle al país las diversas problemáticas que aquejan a nuestro sector.
Las universidades públicas venezolanas, como nunca antes en su historia, se encuentran desasistidas y desconocidas por el gobierno nacional, y sometidas a permanentes amenazas a su autonomía universitaria, a pesar de estar recogido este principio en nuestra Constitución Nacional. Los presupuestos universitarios han sido reiteradamente insuficientes en estos últimos años. Para este 2015 las universidades deberán continuar sus labores con unas cifras presupuestarias que, en el mejor de los casos, alcanzan el 30% de lo indispensable para su funcionamiento regular. Esto afecta todas las áreas académicas bajo nuestra responsabilidad.
La producción científica, fuente nutricia del conocimiento que impartimos en las aulas y expandimos, a través de la extensión, a la sociedad venezolana, muestra un descenso vertiginoso debido a los insuficientes presupuestos que asigna el gobierno a las universidades, lo que limita en gran medida el financiamiento de la infraestructura, equipamiento y nuevos proyectos de investigación. A esto se suma la ausencia de concertación de la política nacional de ciencia y tecnología con los actores universitarios. De esta manera, se impide el acceso a nuevos y poderosos hallazgos creativos, fundamentales para nuestra actividad como docentes.
La academia venezolana se ve afectada también por la imposibilidad que las universidades tienen de contener la partida de nuestros talentosos profesores, más allá de nuestras fronteras, en procura de la vida digna que el país ahora les niega a ellos y sus familias, así como de posibilidades ciertas para desarrollar con éxito su vocación.
Esta creciente fuga de talentos se debe, fundamentalmente, a las carencias de todo lo conducente para la labor docente y de investigación como bibliotecas adecuadas y actualizadas, laboratorios funcionales y tecnología apropiada, vinculadas a una situación general nacional de crisis y al inmenso deterioro de los sueldos, cada vez más cerca del salario mínimo. La política gubernamental de desconocimiento permanente de un sueldo acorde con la valía profesional y la elevada misión de los profesores universitarios debe corregirse en términos perentorios.
A todo esto hay que sumar el abandono de la protección familiar, y la disminución de las posibilidades de recreación y participación en actividades de cultura y deporte, por parte de los profesionales de la educación superior en Venezuela. Los institutos de previsión social (IPP) carecen de recursos suficientes para cubrir mínimamente las necesidades de salud del docente y sus familiares. El personal docente jubilado y pensionado es discriminado en su remuneración salarial. Y las prestaciones sociales son canceladas a partir de cálculos que escamotean los derechos y el patrimonio de los universitarios. Por esta razón, es una exigencia fundamental el respeto a la progresividad en los derechos laborales de los profesores universitarios, como lo establece la Constitución, y que el Estado, y en particular las Universidades, cumplan con el irrenunciable deber de garantizar la protección social de su personal docente.
Finalmente, los profesores universitarios no aceptamos la política gubernamental de negación de nuestras instituciones como las concibe la Constitución: autónomas, libres e independientes. La autonomía universitaria y la libertad de investigación son objeto de acoso permanente. A través de diferentes normativas se discriminan algunas áreas de investigación, y los investigadores y profesores universitarios son objeto de campañas oficiales de descrédito. El gobierno pretende controlar, ilegal y anticonstitucionalmente, el ingreso a las universidades en un nuevo intento de violación de la autonomía universitaria. La brecha de nuestro país en materia de ciencia y tecnología con respecto a otros países, sólo se puede acortar a través del desarrollo del talento, de la educación y de la investigación científica. Y para ello, la libertad académica y de investigación es esencial.
Éstas son las principales razones que han movilizado al gremio docente en los últimos años y las que han llevado a FAPUV a declararse nuevamente en conflicto. La protesta universitaria, pacífica y justa, no va a rendirse ante las amenazas de represión que emanan de la nueva resolución del Ministerio de la Defensa que, en violación flagrante de la CRBV y de los Derechos Humanos, pretende legitimar el uso de armas mortales para controlar manifestaciones.
Analizados y debatidos todos estos temas, el 1er Encuentro de Profesores Universitarios concluye:
- 1. La aspiración de los profesores universitarios es que se apruebe un ajuste que recupere el valor del salario perdido en la última década. Se someten a consideración de la Junta Directiva de FAPUV los mecanismos propuestos en este evento para calcularlo: indexación, nivelación con los salarios de los profesores universitarios de los demás países de la región; o partir del salario mínimo para definirlo.
- 2. Se jerarquiza la reivindicación de los IPP como instituciones fundamentales y autoadministradas; la homologación de sus beneficios entre todas las universidades; la actualización y defensa de los aportes federativos; el fortalecimiento de la prevención; el financiamiento suficiente de la parte curativa con una cobertura básica de mínimo Bs. 150.000 y fondo para las enfermedades catastróficas; y la corrección de la discriminación hacia los profesores universitarios en la formulación y aplicación de la llamada 1ª Convención Colectiva Única.
- 3. Se subraya la importancia de la autonomía para el desarrollo de la academia y la investigación, incluida la libertad de cátedra y la planificación de la admisión de nuevos bachilleres; se plantea la incorporación en la discusión contractual de propuestas específicas que favorezcan la labor académica; financiamiento suficiente para la investigación científica; recuperación y dotación de laboratorios; prima de apoyo docente y de investigación de un 17% del salario; reactivación de la Comisión Nacional de Beneficios Académicos (CONABA); recursos para el intercambio nacional e internacional; y una política conducente a revertir el descenso de la producción científica en Venezuela que contemple importantes incentivos para ello.
- 4. Reivindicar la vigencia de lo establecido en las actas convenio y la LOTTT para el cálculo de las prestaciones sociales y sus intereses; exigencia a las autoridades universitarias de la apertura de los fideicomisos para las prestaciones sociales; exigir a las autoridades universitarias que cumplan con lo establecido en la normativa legal para el pago de las prestaciones sociales.
- 5. Unidad en la defensa de las instituciones de seguridad social; se ratifica que el patrimonio de los Fondos de Pensiones y Jubilaciones es para la seguridad social de los universitarios contribuyentes; rechazo a la actuación de la Contraloría por extralimitarse en sus funciones; discutir en el Consejo Nacional de Universidades las propuestas de las mesas de trabajo MPPEU-gremios de 2011; devolución a los Fondos del aporte patronal secuestrado desde 2010; respeto al régimen de pensiones y jubilaciones de los profesores universitarios; rechazo a la pretensión gubernamental de expropiar el patrimonio de los trabajadores para constituir una entidad financiera.
- 6. Exigir la libertad plena de los estudiantes detenidos o sometidos a régimen de presentación y el respeto a sus derechos humanos
JUNTA DIRECTIVA