Venezuela pidió este viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) levantar las medidas de protección dictadas sobre nueve prisiones donde se dieron casos alarmantes de violencia, al considerar que el país ha avanzado en la solución de sus problemas penitenciarios.
La petición fue planteada por Mariely Valdez, viceministra de formación educativa y asuntos sociales del Ministerio de Servicio Penitenciario ante el tribunal en San José, durante una audiencia para analizar el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por la corte en 2006 para los detenidos de esos centros.
Entre tanto, representantes del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) refutaron el pedido y aseguraron que persisten los problemas de violencia y hacinamiento en las cárceles, así como la persecución de quienes denuncian la grave situación penal en el país.
“Se solicita el levantamiento de las medidas provisionales impuestas en 2006 en los centros penitenciarios”, dijo Valdez al afirmar que “se ha reducido de manera muy elevada la violencia carcelaria, esto es un logro importante de nuestro gobierno”.
La funcionaria aseguró que políticas adoptadas por el ministerio han permitido tomar control de 80% de las cárceles masculinas y de la totalidad de los centros femeninos y de menores.
No obstante, Humberto Prado, coordinador del OVP, aseguró que solo en el primer semestre de 2014 se produjeron 150 muertes violentas en las cárceles del país.
“Las cárceles de Venezuela son las más violentas de la región” latinoamericana, aseguró Prado, quien afirmó que en su interior se viven ataques entre internos, hacinamiento de hasta 900%, retardo procesal, maltrato de funcionarios hacia los internos y ausencia de atención médica.
Cifras del observatorio indican que desde que la CorteIDH dictó medidas de protección en 2006, 1.036 internos han muerto en esos nueve centros y 1.930 han sido heridos, mientras que 63% de los reos no han sido condenados.
Entre tanto, la asesora jurídica del OVP, Marianela Sánchez, reclamó ante los jueces que su activismo en defensa de la población penal le ha generado persecución a ella y su familia, así como a Prado, quienes cuentan con medidas de protección dictadas por la CorteIDH.
Precisó que sus hijos de 13 y 16 años de edad han tenido que reducir su actividad social y ni siquiera pueden ir a eventos deportivos sin compañía por el riesgo de ser acosados, mientras que su marido llegó a recibir amenazas de muerte. AFP