Se trata más bien de formular un conjunto de propuestas orientadas a la recuperación de la institucionalidad del país, porque si comenzáramos a implementar medidas parciales por áreas, sin un cambio radical del modelo, sería como vaciar aguas limpias en recipientes contaminados, por esta vía lo que haríamos es seguir reproduciendo un sistema de miseria en un permanente y perverso circulo vicioso. Hay que cambiar el modelo estatista que el régimen chavista ha llevado a extremos paroxísticos.
Se trata también de dejar de pensar que basta con un regreso a la democracia civil salida del pacto de punto fijo, aferrarse a una visión seráfica del pasado, sería a mi juicio otro grave error, del naufragio de la república civil arribamos al régimen del “socialismo del S. XXI”.
En este artículo nos limitaremos a señalar algunas materias que son claves para iniciar un movimiento político y social tendiente a una reforma global e integral de la sociedad venezolana. En este sentido, nos referimos a la necesidad de la recuperación de la institucionalidad jurídico-política y democrática, así como a la Institucionalidad económica.
Hay que construir de manera determinante una nueva sociedad que pasa por edificar un verdadero Estado de Derecho, que sea el fundamento estable de la institucionalidad democrática. Un estado garantista, en donde se respeten los derechos fundamentales: Derecho a la vida, a la propiedad, a libertad política, la libertad de expresión, asociación, entre otros muchos más que son violados impunemente en la actualidad. Tenemos que pensar creativamente cuales son los límites normativos del Estado y cuáles son las obligaciones de los ciudadanos para poder construir unas instituciones democráticas que den soporte a la vida civilizada. Esta es una tarea exigente intelectual y materialmente, porque el trabajo hay que iniciarlo desde muy abajo.
En materia económica la tarea luce inmensa porque no se trata de diseñar un conjunto de medidas de ajuste de la economía –más allá o más acá de su necesidad urgente-. Pero, no es suficiente y no lograra estabilizar la economía y recuperar la senda de crecimiento y desarrollo hace largo tiempo extraviada, como ocurrió con otros procesos de ajuste en el pasado. Se impone, no me cabe la menor duda, iniciar un rediseño radical de la economía nacional, tan radical y acorde con el grado de transformación institucional, ambos procesos deben ser coherentes y convergentes uno con el otro.
La economía venezolana, debe dejar de ser un sector tutelado por el Estado, ese diseño que se adoptó desde el nacimiento de la economía petrolera en la época de Juan Vicente Gómez; y que todos los gobiernos a partir de ahí no han hecho más que profundizar y perfeccionar, está hoy totalmente destruido. Hay que pensar un régimen económico centrado en la actividad privada.
Hay que erradicar esa concepción del Estado gestor y regulador de la economía que nos ha tenido estancado desde hace 35 años.
En la actual situación de destrucción del sector industrial, hay que pensar en un nuevo proceso de sustitución de importaciones, pero sabemos por experiencias del pasado que esta es una etapa que se agota muy rápidamente y debe ser pensada para apoyar una entrada rápida en un proceso de sustitución de exportaciones, para ello deben estar vigente garantías económicas que permitan el ejercicio de la actividad empresarial sin más trabas que las impuestas por el ordenamiento jurídico.
Hay que darle un vuelco al sector petrolero, su actual estado de destrucción impone una discusión muy seria sobre su transformación y su nuevo papel en la nueva economía. Debe ser un sector abierto a todos los sectores de la sociedad.
Para que esto sea posible debe existir un régimen macroeconómico estable. Que debe comenzar con la recuperación de un Banco Central autónomo, que garantice la estabilidad monetaria y financiera del país, que controle la liquidez monetaria y pueda poner en control la inflación desbocada que vivimos.
Es necesario un nuevo enfoque de la tributación nacional tanto a nivel de la renta interna como de la renta aduanera, ya que el país pasará a depender de lo que se recaude por la merma de la economía petrolera. Ello necesita una reconstrucción de la administración tributaria y aduanera que hoy realiza el SENIAT. Un rediseño institucional urgente que garantice que el ente recaudador se rija por principios constitucionales y legales que resguarden tanto los derechos del estado como los de los contribuyentes.
También se debe rediseñar las competencias económicas del estado, en virtud, de que hoy el estado es un competidor desleal por recursos –de todo tipo- con el sector privado. Lo vemos con toda claridad con el financiamiento del estado al sector empresarial público –empresas hoy arruinadas, p.e. las empresas de Guayana-, o el financiamiento del BCV a PDVSA. Los límites del endeudamiento público es otro tema de una alta sensibilidad. Es necesario poner límites normativos al endeudamiento del Estado.
Es imposible abarcar en un artículo necesariamente breve toda la complejidad que exige una propuesta que de sustento a un nuevo estado de derecho y a una sociedad democrática. Los partidos y dirigentes políticos opositores son los que deben abanderar un llamado a la sociedad para enfrentar una tarea tan exigente. No creo que sea descabellado pensar, en cuanto la situación sea oportuna, la creación de un organismo que reúna el consenso nacional que pueda pensar en un plazo razonable esta inmensa tarea.
Para concluir es vital romper con la disociación patológica de la existencia de unas instituciones Constitucionales y legales acordes con una juridicidad moderna, mientras en la realidad cotidiana la ignoramos o violamos abiertamente, por la injerencia de los partidos políticos o de grupos particulares o económicos que se apoderan del aparato del estado en forma de bandas o de tribus, que sólo cultivan sus intereses particulares. Hasta que no pongamos fin a esta situación no podremos realmente superar el estado de anomia en el que nos encontramos.
Historiador Economista Profesor Titular Dr. Pedro Vicente Castro Guillen