El experto en materia de Derechos Humanos, Rafael Narváez, realizó un balance de los atropellos y violaciones legales que se han registrado en el país a un año de la marcha del 12 de febrero protagonizada por los jóvenes, asegurando que la impunidad es lo más resaltante de este período.
“Desde el 12 de febrero al mes de septiembre se registraron 3300 detenciones arbitrarias, sin orden de allanamiento, sin orden judicial, quebrantando nuestras normas jurídicas, y la mayoría de esas detenciones fueron acompañadas de tratos crueles e inhumanos”, señaló el abogado, quien agregó que de estas prácticas 107 fueron a manos de la Guardia Nacional y además 57 de ellas por denuncias de tortura.
“Hubo 2470 presentaciones en tribunales, mientras que los abogados defensores sólo pudieron comunicarse con las víctimas de las detenciones arbitrarias quince minutos antes de las audiencias”, continuó enumerando las irregularidades de este periodo de 2014 en el que hizo especial énfasis en los 43 fallecidos ocurridos durantes las manifestaciones.
Explicó que las autoridades de los poderes públicos sólo han recibido a familiares de seis de estas víctimas mortales, evidenciando una discriminación contraria los preceptos constitucionales, lo cual retrata un Estado que no funciona para atender las necesidades de todos los ciudadanos.
Rafael Narváez aseguró que otra característica de este período ha sido la imposibilidad de acceso al derecho a la defensa, así como la imposibilidad de audiencias y juicios justos. “”El gobierno continúa volando los derechos humanos de todos con la alcahuetería del resto de los poderes públicos”, sostuvo.
“No ha habido audiencias todavía en los casos de muertes donde actuaron los cuerpos de seguridad, así que ellos se cobijan bajo la bandera de la impunidad”, condenó el jurista.
Se refirió al caso emblemático de la tortura a la ciudadana Marvinia Jiménez, quien fuera golpeada en público por una integrante de la Guardia Nacional quien le la agredió con su casco mientras Jiménez estaba sometida en el piso. “Esa funcionaria tiene orden de captura y el poder judicial de Carabobo ha sido muy cobarde y aún no ha ordenado la ejecución de esta orden”, denunció, tal como sucede con homicidios como el presunto autor de la muerte de Adriana Urquiola, solicitado por INTERPOL, aún sin proceso para hacer justicia.
Narváez agregó que en el mismo período se registraron 181 agresiones a periodistas por parte de lo diversos cuerpos de seguridad del Estado, discriminadas de la siguiente manera: 82 casos de hostigamiento, 40 agresiones físicas, 35 robos y destrucción de material de trabajo, 23 detenciones y un herido de bala. “Aquí hay que destacar que fueron efectivos militares quienes despojaron a los periodistas de sus pertenencias e instrumentos de trabajo”, resaltó.
Criticó igualmente la resolución 8610, contraria al precepto constitucional de prohibición de uso de armas de fuego en el control de las manifestaciones públicas, y exhortó al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, a actuar en consecuencia, en vista de que esa es una de sus más importantes atribuciones: velar por el cumplimiento de la Constitución.
“Pareciera que el Defensor se ha convertido en un abogado litigante, en este caso de los militares”, señaló, en referencia a la imposibilidad de legislación por parte del sector castrense, desde donde surgió la polémica resolución, calificada de “mortal” por el abogado
Nota de prensa.