José Juan Ruiz dirige desde 2012 a los 70 economistas que forman el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una de las organizaciones financieras de desarrollo regional más antiguas del mundo. Ruiz atiende por teléfono desde México, uno de los “perdedores” en esta “guerra silenciosa” que mantienen los principales países productores de petróleo. La bajada de los precios del crudo en Latinoamérica, explica Ruiz, “afecta especialmente a cuatro países en el que el porcentaje de ingresos por exportación que tienen los hidrocarburos es alto”. Venezuela es el más afectado: las exportaciones netas suponen el 24% del PIB. Después están Ecuador (9%), Trinidad y Tobago (9%) y Colombia (7%).
Ruiz asegura que un 10% de caída del precio del petróleo supone un 0,7% de caída del PIB en los cuatro trimestres siguientes para el conjunto de la economía latinoamericana. El impacto, de cualquier manera, “depende de la cantidad de subsidios a la energía que haya en ese país y cuántos absorba el Estado. Lo importante, a la larga, es transferir renta a quienes tengan propensión marginal al gasto para elevar el crecimiento a través del consumo”. Le preocupa más la huella de este desplome de precios sobre las cuentas fiscales de los “cuatro principales perdedores” ya mencionados, y particularmente Venezuela, atada en sus ingresos fiscales al petróleo, que acumula “según los últimos datos un déficit del 14% y en sus presupuestos para 2015 ha estipulado un barril a un precio de 60 dólares”. “Con un precio más bajo”, afirma el economista, “Venezuela pierde 10 puntos del PIB de ingresos fiscales. Si no recorta nada o no genera ingresos nuevos (que es francamente difícil), podría alcanzar un déficit de 24 puntos del PIB, que es insostenible”.
El panorama ecuatoriano le alarma menos, explica, tras el anuncio del Gobierno de Rafael Correa de un programa “de ajuste fiscal que compensa tres de los cinco puntos que perdería del PIB”. Tampoco la economía de México se asoma a ningún precipicio “por disponer de una operación financiera por la que se garantiza un precio mínimo a cambio de una prima”, explica Ruiz. “Este año está establecido en 76 dólares”, dice. “Esto disminuye mucho su impacto fiscal, aunque no lo elimina, y de hecho ya ha anunciado recortes en el gasto. Su déficit subirá temporalmente”.
En toda crisis hay oportunidades, y el economista jefe del BID destaca el capítulo de los subsidios fiscales a la energía, “muy comunes en Latinoamérica”, y “que son negativos para el bienestar, sobre todo de los más pobres”. Según Ruiz, los países importadores de petróleo, que aparecen como los “ganadores” en esta tesitura, tienen una “enorme oportunidad para eliminarlos. Sería, sin duda, lo más inteligente: evolucionar hacia una estructura de precios que refleje la escasez y volatilidad del recurso, que avance hacia la sostenibilidad medioambiental. Y además sería una medida hecha para los pobres, que consumen mucha menos energía que las clases medias y altas, sectores claramente beneficiados” por estas subvenciones.
Publicado originalmente en el diario El País (España)