El diputado Julio Borges, señalado por el Gobierno como supuesto autor intelectual de un fallido golpe de Estado desmantelado la semana pasada, tendrá que esperar unos días más para saber si su inmunidad parlamentaria es allanada y es apartado de su curul y llevado a juicio.
En la sesión ordinaria de hoy en la Asamblea Nacional (AN, unicameral) al final no se trató directamente el tema del diputado opositor, quien en su turno de palabra pidió “sensatez” y dejar a un lado los “sectarismos” en sus actuaciones al Ejecutivo encabezado por el presidente Nicolás Maduro.
“Llamo a la sensatez de quienes tienen el poder de Venezuela, a que entiendan que no hay problema por difícil que sea que los venezolanos juntos no podamos resolver (…) esta crisis que tiene Venezuela es imposible que con sectarismos podamos salir de ella”, apuntó Borges.
El oficialismo respondió a Borges en el mismo escenario a través de Darío Vivas quien afirmó que el opositor era el responsable de elegir los blancos que serían atacados en el supuesto plan de golpe de Estado ya desmantelado por el que buscan enjuiciarle.
“Ahora habla precisamente de sensatez el que escogió los objetivos tácticos de ataque”, dijo Vivas, quien aseguró que la información sobre su participación en la fracasada intentona fue suministrada por un general de la fuerza armada venezolana.
“Ese fascista, ese terrorista ahora habla de sensatez porque sabe que habrá justicia”, añadió en referencia a Borges.
Al parlamentario por el partido Primero Justicia (PJ), que lidera el dos veces candidato presidencial y actual gobernador del céntrico estado Miranda, Henrique Capriles, finalmente no se le despojó de su cargo electo, posibilidad que pendía sobre él y que el chavismo, con su mayoría en el hemiciclo, no pudo hacer efectiva.
Sin embargo, la bancada oficialista comenzó ayer con los pasos para conseguirlo solicitando en el Ministerio Público (MP) que se le abra una investigación al opositor por su presunta vinculación con un supuesto plan de golpe fallido cuyos pormenores fueron en parte facilitados por el mismo presidente de la AN, Diosdado Cabello, hace unos días.
Tras esta petición oficialista empieza una serie de pasos que se inicia en la Fiscalía, que tendrá que decidir si abre una investigación al diputado para, en caso afirmativo, acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que este dicte si procede o no antejuicio de mérito.
De ser afirmativa la respuesta del máximo tribunal del país, este solicitaría a la AN que el allanamiento a la inmunidad de la que disfruta Borges fuese discutida en el hemiciclo para, de ser aprobada, este pueda enfrentarse a las acusaciones formuladas en su contra y, en este caso, relacionadas con su supuesta implicación en este fallido levantamiento.
En esta intentona Borges presuntamente sería, según los oficialistas, uno de los autores intelectuales junto con el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, apresado la semana pasada y acusado de conspiración y asociación para delinquir, de otro supuesto plan para sacar a Maduro del poder.
En la acusación gubernamental más reciente, y que también incluye a la exdiputada María Corina Machado, conocido como “Plan Jericó”, se preveía que un avión procedente del exterior bombardeara el palacio presidencial y otras instalaciones gubernamentales, según precisó Maduro hace unos días.
Un comunicado de nombre “Acuerdo Nacional hacia la Transición” del 11 de febrero y en el que Machado, Ledezma y el también líder opositor preso, Leopoldo López, planteaban un cronograma de “acciones concretas” para buscar “comenzar la reconstrucción del país” fue señalado por Maduro como el aviso esperado para iniciar el ataque aéreo contra objetivos oficiales.
Machado, que rechaza esas acusaciones, lejos de arredrarse convocó hoy a los venezolanos a sumar su firma al mismo el próximo sábado en una céntrica plaza de Caracas.
Precisamente la forma en que Machado fue despojada de su cargo de diputada a mediados del año pasado era una posibilidad que sobrevoló hoy las acciones en contra de Borges.
La exdiputada perdió su acta en marzo de 2014 tras, en palabras del presidente de la AN, Diosdado Cabello, “aceptar el cargo” de representante alterna de Panamá durante una reunión de la OEA en la que trató de presentar denuncias de la “represión” en Venezuela.
Según Cabello esta acreditación por parte de Panamá, en su opinión, contravenía la Constitución venezolana a lo que Machado respondió alegando que el presidente de la AN no tenía la facultad para relegarla de su escaño. EFE