La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, fue una de las decenas de políticos citados entre los posibles beneficiados de la red de corrupción enquistada en la petrolera estatal Petrobras, pero se libró de ser investigada debido a que la Fiscalía admitió que estaba inhabilitada para ello.
La inclusión de la mandataria entre los políticos mencionados por los miembros de la red corrupción que colaboraron con la Fiscalía a cambio de reducción de penas trascendió hoy con la divulgación de los documentos presentados por los fiscales ante el Supremo Tribunal Federal para solicitar la apertura de investigaciones contra los supuestos beneficiarios de las corruptelas.
A petición de la Fiscalía, el magistrado Teori Zavascki, que será el juez instructor de los procesos en el Tribunal Supremo, autorizó anoche la apertura de investigaciones contra 50 personas, entre ellas 12 senadores, 22 diputados y 12 exdiputados de 5 partidos, en su gran mayoría de la base oficialista.
Entre los incluidos en la lista figuran los presidentes del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha; el expresidente brasileño Fernando Collor; y cuatro exministros de Rousseff: los senadores Edson Lobao (Minas y Energía) y Gleisi Hoffmann (Presidencia); el exdiputado Mario Negromonte (Ciudades) y Antonio Palocci (Presidencia).
En una de las 21 investigaciones solicitadas, Rousseff es citada como beneficiaria indirecta de la red de corrupción, pero el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, alegó que no tiene competencia para investigarla.
En su argumentación, que fue íntegramente aceptada por Zavascki, el procurador alegó que un jefe de Estado solo puede ser investigado por actos practicados en el ejercicio de la Presidencia y que las irregularidades en las que fue citada supuestamente ocurrieron antes de que fuera elegida para su primer mandato, en 2010.
El procurador, sin embargo, solicitó que se investigue al exministro Antonio Palocci, que fue coordinador de la campaña electoral de Rousseff en 2010, lo que fue acatado por el juez.
Según la documentación presentada por la Fiscalía, Rousseff fue citada por el exdirector de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, que admitió su responsabilidad en las corruptelas y quien colabora en la investigación a cambio de beneficios.
El exdirigente de la petrolera aseguró que uno de los políticos que le solicitó parte de los recursos desviados de Petrobras fue Palocci, quien, en su calidad de coordinador de la campaña electoral de Rousseff, pidió 2 millones de reales (unos 667.000 dólares) para financiar gastos de la campaña.
Costa afirmó que le ordenó al empresario Alberto Yousseff, responsable por la distribución de los recursos desviados, que le entregara el dinero solicitado por Palocci.
Sin embargo, Yousseff, otro de los que colabora con la investigación a cambio de reducción de penas, afirmó nunca haberle entregado dinero al exministro de la Presidencia en los primeros meses de Gobierno de Rousseff y exministro de Hacienda en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
El procurador asegura que, pese al desmentido de Yousseff, la supuesta donación a la campaña electoral de Rousseff tiene que ser verificada, por lo que solicitó la apertura de una investigación pero solo contra Palocci.
El senador Aécio Neves, que disputó con Rousseff la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año pasado, también fue citado en el escándalo, pero la Fiscalía se abstuvo de pedir una investigación en su contra por falta de pruebas.
Según la Fiscalía, en su testimonio ante la justicia, Yousseff aseguró que José Janene, un político ya fallecido y que integraba la red de corrupción, le dijo que parte de recursos desviados de una estatal habían favorecido a Neves.
“Las acusaciones de Alberto Yousseff (contra Neves) son muy vagas y, sobretodo, basadas en comentarios que dice haber escuchado de terceros”, argumentó la Fiscalía al solicitar que no se abra investigación contra el excandidato presidencial.
El escándalo en Petrobras se investiga desde hace casi un año y hasta ahora ha llevado a prisión a exdirectivos de la petrolera y a un grupo de empresarios que participaba en negocios con la estatal.
Según las autoridades, los empresarios obtenían contratos con Petrobras, inflaban los precios, repartían parte de esa diferencia con directores de la estatal y el resto lo distribuían entre los políticos, que lo recibían clandestinamente o por la vía legal, como “donaciones” para sus campañas electorales. EFE