La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reprobó hoy la campaña mediática de desprestigio iniciada por el gobernador del estado de Baja California (México), Francisco Vega Lamadrid, contra tres diarios que publicaron denuncias sobre irregularidades del Gobierno de este estado. EFE
Asimismo, la SIP, con sede en Miami (EE.UU.), se solidarizó en un comunicado con el Grupo Periódicos Healy, del que forman parte los tres diarios a los que las autoridades locales atacan: La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y Frontera Ensenada, de Ensenada.
Vega de Lamadrid y los alcaldes de cinco municipios del estado publicaron un anuncio en periódicos locales y nacionales en el que denuncian ser “víctimas de chantaje y de publicaciones difamatorias en los diarios del Grupo Healy”.
Por ello, anunciaron que, en represalia, iniciarán un boicot comercial de esos medios citados.
Esta medida se produce después de que los tres diarios publicaran una serie de reportajes sobre la “precaria situación económica y social en el estado y, en particular, sobre las propiedades que adquirió el gobernador Vega de Lamadrid durante su gestión y sobre las que se niega informar”, según recoge el comunicado de la SIP.
Gustavo Mohme, presidente de la organización, expresó su solidaridad con el Grupo Healy y sostuvo que esta “campaña de desprestigio demuestra que los diarios están haciendo bien su trabajo”.
Condenó el boicot comercial a estos periódicos, que “cobra una dimensión especial” cuando quien lo ejecuta es el propio Gobierno.
Se trata de un hecho “ilegal e ilícito con agravantes irremediables por ser el propio Gobierno el que contraviene principios constitucionales atentando contra la propiedad privada y limitando el derecho del público a saber sobre temas de la administración pública”, apostilló Mohme.
Por su parte, Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, apuntó que los funcionarios estatales de Baja California “olvidan que su mandato popular y responsabilidad les exige administrar los bienes de otros con total transparencia e informar en forma oportuna, rápida y eficiente, como dispone la ley de acceso a la información pública mexicana, sin necesidad, siquiera, de que alguien lo solicite”.
En tanto, Juan Fernando Healy, presidente del Grupo Healy, manifestó: “No extorsionamos, informamos”, y agregó que el derecho a la libertad de expresión lo defienden no porque consideren que les da el poder de decir lo que quieren, sino el de “comunicar a la población” lo que creen “que es importante para el desarrollo de una sociedad más plural, participativa y democrática”.