El Ministerio Público acusó al juez itinerante en materia de delitos económicos y fronterizos del estado Zulia, Samuel Morán de Oro, por presuntamente incurrir en alteración de documentos para entregar bienes incautados por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en la frontera con Colombia, entre los meses de octubre y diciembre de 2014.
Por este caso también fueron acusados el archivista jubilado del Palacio de Justicia de la referida jurisdicción, Celix Galvis Fernández; la secretaria del Tribunal 6º de Control, Alisnev Amiria Boscán; y los asistentes administrativos de los Tribunales 13º y 6º de Control, Ninoska Beatriz Araque Castellanos y Rower David Viloria Lugo, respectivamente.
Morán de Oro, Galvis Fernández, Boscán y Viloria Lugo fueron aprehendidos el martes 27 de enero en sus residencias ubicadas en distintos sectores de Maracaibo; mientras que Araque Castellanos se entregó en los tribunales.
Los fiscales 57º nacional y 26º de la referida jurisdicción, Paula Ziri-Castro y Carlos Gutiérrez, respectivamente, acusaron al juez Morán de Oro y a Boscán por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia, forjamiento de documento público y asociación para delinquir.
De igual modo, los fiscales acusaron a Galvis Fernández como presunto cooperador inmediato en el delito de corrupción propia; mientras que a Viloria Lugo y a Araque Castellanos les acusaron por el delito de corrupción propia y asociación para delinquir.
Adicionalmente, Araque Castellanos fue acusada por el delito de forjamiento de documento público.
En el escrito presentado ante el Tribunal 5º de Control del Zulia, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de las cinco personas.
Vale recordar que Morán de Oro, Galvis Fernández y Boscán se encuentran recluidos en la sede de la Policía Municipal de San Francisco; mientras que Araque Castellanos y Viloria Lugo recibieron medidas cautelares consistentes en la presentación periódica ante el referido tribunal y prohibición de salida del país.
En octubre de 2014, el Ministerio Público recibió una denuncia del titular del Tribunal 6º de Control del estado Zulia a través de la cual informó de la existencia de tres comunicaciones emitidas por ese despacho con su firma alterada.
En las misivas se ordenaba a un estacionamiento judicial la entrega de vehículos y otros bienes incautados por la Fanb involucrados en la lucha contra el contrabando de extracción y otros delitos.
En virtud de la situación, los fiscales iniciaron la investigación y se logró determinar la vinculación del juez Morán de Oro, Galvis Fernández, Boscán, Araque Castellanos y Viloria Lugo con el caso, motivo por el que fueron detenidos en atención a una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por la referida instancia judicial.