María Pérez es empleada doméstica. Su esposo e hijo también trabajan y su hija estudia secundaria.
Por un día de trabajo, que consiste en limpiar una casa de familia y planchar, gana 600 bolívares, o $3,10 dólares a una tasa oficial de 192,95 bolívares por dólar.
Recientemente pasó casi medio día en una cola para comprar dos pollos a precio regulado de 65 bolívares el kilo, por los que pagó 285 bolívares, lo que equivale a $1,47 dólares, casi la mitad de su ingreso diario.
Mientras camina tras salir de su trabajo, sorprendida por no ver una fila extensa, decide revisar si llegó algún producto que necesite.
En el local hay jabón en polvo en presentación pequeña y arroz, dos de los productos más demandados actualmente en Venezuela.
Sin pensarlo toma tres paquetes de jabón y cuatro de arroz, la cantidad que ese establecimiento permite comprar por persona.
Cuando va a pagar por los artículos, la cajera le pide su cédula. Al revisarla le dice que no puede comprar porque, como en muchos supermercados, en ese establecimiento adoptaron la medida de vender según el número de su cédula de consumidor, para evitar que se formen aun colas más largas.
A María no le corresponde comprar ese día, pero le pide a la cajera que haga una excepción.
Le explica que en su hogar queda poco jabón y que no sabe cuándo volverá tener la oportunidad de comprarlo.
La cajera accede. Le permite llevar los productos por los que paga 200 bolívares, o poco más de un dólar.
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