Ante la alarmante cifra de 8 efectivos de seguridad asesinados en la última semana, Narváez señaló la necesidad urgente de afrontar la materia de inseguridad ciudadana con la importancia y seriedad que amerita. “En Caracas pareciera que vale la pena más concentrarse en cómo mantenerse en el poder, que en defender la vida de la gente como está previsto en la Carta Magna, porque mientras se están recolectando firmas contra Obama, el hampa que le perdió el respeto al policía, mata a estos funcionarios y les quita su arma de reglamento”.
En rueda de prensa, el defensor de los Derechos Humanos destacó el resentimiento y la saña con la cual están actuando los delincuentes frente a la vida de los policías y planteó formalmente que el Estado venezolano indemnice a los familiares de estas víctimas. “No estamos para que Nicolás Maduro hable de indemnizar víctimas en Panamá, sino para que se apruebe ese mecanismo para las familias de quienes sufren pérdidas porque no existe una política eficaz en la lucha contra la delincuencia”, señaló.
“En el año 2014 fueron asesinados 322 funcionarios de los cuerpos de seguridad, 182 de ellos en Caracas, y en ningún caso se ha producido siquiera un sentido pésame de las autoridades a los familiares”, señaló Narváez, quien indicó que en el transcurso de 2015 se ha registrado 44 homicidios de policías, 182 de ellos en Caracas. Igualmente señaló la creciente cifra de muertes violentas de mujeres y de menores de edad.
Anunció que solicitará reuniones con Freddy Bernal, quien está encargado de la reforma policial en el país, y con el Ministro de Interior, Gustavo González López, para plantear formalmente el tema de las indemnizaciones, así como la necesidad de declarar una emergencia en el área de la seguridad ciudadana. “No se entiende como Caracas, que es una ciudad militarizada, presenta este registro tan elevado de homicidios, y además el uso de armas largas y hasta granadas, material exclusivo del Estado, por parte de los delincuentes”, planteó el abogado, quien agregó además que la actuación del hampa se basa en que el 98 por ciento de los asesinatos quedan impunes.
En este sentido planteó que se emplace a la Fiscalía desde el gobierno nacional, para determinar por qué no se realizan acusaciones, lo que evidentemente ha hecho que se le pierda el miedo a las actuaciones de violencia extrema.
También anunció Rafael Narváez que debe revisarse la política de desarme, la cual dijo no está logrando sus objetivos. “Estamos dispuestos a colaborar en las necesarias mesas por la vida”, finalizó