Los asesores españoles del chavismo, hoy dirigentes de Podemos, aconsejaron a Hugo Chávez «neutralizar» los medios en España y convertir TeleSur, el canal internacional bolivariano, en la televisión «alternativa» de España. También escribieron cartas de respuesta en nombre del Gobierno venezolano a «informaciones falseadas» en diarios españoles, publica abc.es.
Los miembros de la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), germen de Podemos, plantearon a la dirección chavista en 2011 tomar medidas contra la imagen negativa que muchas veces los medios españoles ofrecían del régimen venezolano. Como revela el libro «Bumerán Chávez. Los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela» (Amazon), la táctica era presionar a las empresas española con intereses en los medios y que además tuvieron inversiones en el país caribeño.
Elaborar un mapa
«Sería oportuno elaborar un mapa que identifique (empresas españolas con inversiones en Venezuela y que, a su vez, sean accionistas en empresas o conglomerados comunicacionales en España) al objeto de desarrollar una estrategia de acercamiento y negociación con el objeto de desactivar y/o neutralizar las líneas de ataque mediático». El párrafo es de un «informe táctico» de julio de 2011.
CEPS disponía de una unidad para incidir en los contenidos de la cadena nacional VTV y del canal internacional TeleSur y tenía un convenio con el Ministerio de Comunicación. Entre sus actuaciones, la fundación elaboró respuestas a medios españoles, como recoge un informe de junio de 2010: «Se elaboraron dos cartas de respuesta para que fueran firmadas por la ministra ante informaciones falseadas y de un claro sesgo contrario al gobierno de Venezuela que aparecieron en “El País” y “El Mundo”».
«Bumerán Chávez» también revela que el Gobierno venezolano tiene bien localizados a los antiguos miembros de ETA que residen en el país, a pesar de que su presidente, Nicolás Maduro, asegura que desconoce su paradero. Fichas elaboradas por el Servicio de Inteligencia Nacional Bolivariano en 2010 (no incluyen por tanto referencias a José Ignacio de Juana Chaos, que llegó después) contienen direcciones -en ocasiones también su correo electrónico, ocupación y cédula de identidad- de un buen grupo de los casi cuarenta etarras instalados en Venezuela. Algunos detalles en las fichas sugieren que los han seguido. Es el caso de José Angel Mutiozábal Galarraga, cuya ficha incluye entradas como «cicatrices/tatuajes: no se le observan», «preferencias sexuales: heterosexual».
De acuerdo con los datos del Servicio de Inteligencia Bolviariano, algunos etarras se nacionalizaron venezolanos justo cuando, a comienzos de 2010, se supo que el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de Madrid iba a actuar contra ellos. Así hizo Jesús Macazaga Igoa. Con residencia en Tinaquillo, tenía de ocupación «comerciante». Varios vivían en el Estado de Sucre. Era el caso de Juan José Ariztizábal Cortejerena e Ignacio José Echániz Oñatabía. En sus mismas direcciones de residencia, aparecían domiciliados otros reclamados por España. Así, las señas de Echániz eran compartidas por Miguel Ángel Aldana Barrena y Jesús Ricardo Urteaga Repulles.
El mensaje de Moragas
«Bumerán Chávez» publica cables del entonces embajador venezolano en Madrid, Bernardo Álvarez, en los que este refiere sus contactos con Jorge Moragas, jefe de Gabinete de Rajoy. Moragas le comentó que Rajoy haría gestos «para diferenciarse rápidamente de Aznar y su legado».
El embajador Álvarez también refiere conversaciones con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, pocos días antes de las elecciones generales de 2011. El directivo de Repsol, con grandes intereses en Venezuela, le comentó que para que el pragmatismo imperara era «conveniente que la victoria del PP no fuese tan abrumadora, ya que esto restaría margen de maniobra a Rajoy» frente a los sectores más conservadores del PP.
Los cables también recogen un encuentro con Ramón Aguirre, presidente de la SEPI, para hablar de los astilleros de Navantia. Según el embajador venezolano, Aguirre le confesó que la comisión pagada a un intermediario para cerrar el contrato de construcción de varias corbetas y patrulleras para la Armada venezolana estaban en «niveles razonables». La comisión había sido del 3,5 por ciento (43 millones de euros). El asunto llegó a la Justicia.