Henry Ramos Allup: El demandante Cabello

La demanda recientemente introducida por el diputado Diosdado Cabello contra algunos de los directivos de “El Nacional”, “Tal Cual” y “La Patilla” -raramente no todos- por los presuntos delitos de difamación e injuria, vuelve a poner en el tapete los sempiternos temas de la libertad de información versus el derecho de las personas a su honra, reputación e intimidad, sean o no funcionarios públicos, y al de no ser condenado sin ser oído en juicio justo con defensa cabal. La acción se basa en el hecho de que los medios citados reprodujeron informaciones de diarios europeos que difundieron declaraciones del exfuncionario chavista Leamsy Salazar contra el diputado Diosdado Cabello, vinculándolo con el narcotráfico. Extraño que el demandado no fuera el exfuncionario sino los medios que reprodujeron sus declaraciones, en una pirueta que pretende desaparecer las consecuencias dejando a salvo las causas. Analizar este caso en el campo puramente jurídico donde debería estar, resulta una bobería porque se sabe de sobra que es enteramente político por parte del demandante y de los demandados. Además, invocar el estado de derecho es un ejercicio inútil porque eso existe en Venezuela sólo para los del Gobierno.

En cuanto al deber de los medios de informar veraz y oportunamente, expresé en esta misma columna, a propósito de la venta de algunos de ellos a personas presumiblemente amigas del régimen y ante la compunción manifestada por algunos opinantes, que los medios privados aquí y en la Cochinchina son empresas y que como cualesquiera otras están sujetas a compra-venta, que las empresas tienen dueños, los dueños tienen intereses y todo cuanto publican o dejan de publicar responde a sus conveniencias. Así las cosas, imaginar la existencia de medios asépticos oficiando en el sacrosanto altar de la libertad de expresión un culto supremo a informaciones y opiniones impecablemente objetivas y neutrales, constituye una ingenuidad.

Recuerdo que cuando el Gobierno de Luis Herrera prohibió transmitir cuñas de licores y cigarrillos en radio y televisión, un canal privado le acuñó un veto que le fue levantado 20 años después para reseñar modestamente sus exequias. Si hechos como éste son graves e inadmisibles tratándose de medios privados, mucho peores son las tropelías que comete el Gobierno usando los medios públicos que no son de su propiedad sino de todos los venezolanos. Y si ante cualquier exceso los medios privados dan al menos derecho de réplica a los agraviados, esa eventualidad jamás se produce en los que maneja el Gobierno.

El diputado Diosdado Cabello en su programa semanal “Con el mazo dando” acusa permanentemente a personas e instituciones basado en informaciones de supuestos “patriotas cooperantes” y allí nadie tiene defensa ni derecho de réplica. Los agraviados tampoco pueden reparar su honra y reputación mediante litigios porque los tribunales están sólo al servicio del régimen. Si el diputado Diosdado Cabello invoca el derecho de ser respetado en su honra y reputación y tiene familia que defender, idéntico derecho tienen ios innumerables agraviados por los medios públicos. Y si de equidad y reparaciones se tratase, el diputado Cabello ha debido comenzar demandando al exfuncionario Leamsy Salazar y mucho antes a Mario Silva quien lo acusó de graves hechos de corrupción en una grabación telefónica, hecho por el cual fue suspendido de VTV durante un año.

 

Henry Ramos Allup

@hramosallupHenry Ramos