En la nueva estructura del delito en Venezuela, los Pranes son una pieza fundamental, y es que desde los centros penitenciarios operan y dirigen crímenes, asesinatos, sicariatos, secuestros, estafas, tráfico y microtráfico de drogas, extorsiones y cualquier cantidad de atrocidades de las que somos víctimas actualmente. Es decir, los pranes han impuesto un “Estado de Sitio” y la pena de muerte en Venezuela.
Los pranes son la moda carcelaria de la muerte, y las autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios y la Guardia Nacional, es muy poco lo que hacen para enfrentar a estos privados de libertad y lejos de reprimirlos, negocian con ellos para mantener “la paz” dentro de las cárceles, y tienen que aceptar sus condiciones, tales como fiestas temáticas, minitecas eventos y el consumo de todo tipo de bebidas y hasta sustancias estupefacientes y por supuesto, el manejo de todo tipo de armamento.
Aquí el negocio de los pranes cuyas siglas significa Preso Rematado Asesino Nato, es altamente lucrativo, un alto criminal de estos puede ganar anualmente alrededor de 10.860 Millones de Bolívares, producto de los negocios que manejan de manera fraudulenta, y de la muerte de muchas víctimas de estos asesinos que operan al margen de la ley a pesar de estar recluidos.
El gobierno tiene alto grado de responsabilidad en el gran problema que hoy enfrentamos los venezolanos, como es la inseguridad, porque si ya anualmente estamos perdiendo la vida de casi 25 Mil personas, producto del crimen y la violencia, y si a esta tragedia nacional, le sumamos la actuación de los pranes, podemos concluir, que definitivamente, estamos en un Estado de Guerra, donde el delito se impone frente a la ley.
No obstante, y para supuestamente solucionar el problema carcelario en el país, el 26 de junio de 2011, fue creado el Ministerio de Servicios Penitenciarios, a través de un decreto presidencial, colocando a Iris Varela al frente de este despacho, pero las tragedias y las masacres no han parado en los centros de reclusión, sino todo lo contrario, hoy vemos con mayor preocupación como en las cárceles, la ley la imponen los pranes, y frente a esta realidad, qué hace este ministerio?.
En la actualidad la población penal a nivel nacional llega a más de 45 mil internos, y siguen las condiciones de hacinamientos en las mismas. En los últimos catorce años sólo se han construido tres centros de reclusión con capacidad para 2700 presos. Ciudad Penitenciaria de Coro, Yare III y Rodeo III, el resto permanecen deterioradas y en las mismas condiciones de hace cincuenta años. Este hacinamiento se presta para las masacres más sangrientas y barbáricas, tales como las de El Rodeo, Tocorón y Yare.
Entre 1999 y 2015, han fallecido cerca de 8 mil privados de libertad en las cárceles del país, lo que quiere decir que tanto al ministerio penitenciario como al gobierno nacional se les fue de las manos esta lamentable situación, por lo que es imperante pensar de manera inmediata en la descentralización de los establecimientos penitenciarios, y que sean responsabilidad de alcaldes y gobernadores y no más dependientes del Ministerio de Asuntos Carcelarios.
El Observatorio Venezolano de Prisión y fundaciones por la paz, han recomendado en cientos de oportunidades, la necesidad de evitar el uso excesivo de la prisión como sanción casi exclusiva, aumentar el empleo de medidas no privativas de libertad para reducir el hacinamiento, la clasificación y desarme de la población penal, para buscar una salida viable a este problema que atañe a toda la sociedad venezolana. No obstante, frente a esta realidad, Iris Varela, insiste que el 80% de las cárceles tienen régimen penitenciario y que están desarmadas, cuando el país sabe que esta es una gran mentira, porque lamentablemente, los penales venezolanos, lejos de ser centro de reorientación, son universidades para el delito.
Frente a esta realidad, tenemos que exigir con contundencia al gobierno nacional, que enfrente de manera definitiva el problema de la violencia y la inseguridad en Venezuela, caiga quien caiga, porque no puede ser que el gobierno a sabiendas de que la nueva jefatura del delito la dirigen los pranes, haga caso omiso al respecto. Para nadie es un secreto que los pranes desde las cárceles orquestan un estado de inestabilidad y violencia nacional y el gobierno se hace cómplice por acción u omisión. Con el hampa no se negocia, se ordena, porque de lo contrario, se cae en su juego y perversidad. El gobierno ya de esta tela tiene mucho que cortar, y si no, que digan si pueden controlar a los colectivos, a los grupos paramilitares y pranes que imponen su propia ley en Venezuela. Basta de demagogia Nicolás, porque se trata de la vida y de la seguridad de la gente, derechos que por cierto, a este gobierno como que le importan muy poco.
Ismael García
Diputado a la Asamblea Nacional
Primero Justicia
@ismaelprogreso