“Soy víctima de un hostigamiento sistemático del gobierno nacional y regional, de una persecución a través de los órganos judiciales, de la contraloría, de la fiscalía y de los tribunales”. Seguiré dando la cara, Vielma Mora no me va a sacar de la escena política con su hostigamiento procesal, judicial fiscal y contralor. El único camino que le queda es recurrir a la violencia física, porque ha movilizado la contraloría para inhabilitarme”.
La aseveración corresponde al ex gobernador del Táchira, César Pérez Vivas, quien compareció este martes ante la Corte de Apelaciones estadal, para la audiencia por una demanda iniciada durante su ejercicio como mandatario regional durante el año 2011, donde se le acusa de pedir dinero a las familias de la Urbanización Los Teques a cambio de mantener presente a efectivos de la Policía del Táchira en la comunidad.
“Pero lo que estoy demostrando hoy es que el sistema de justicia de este país está tan intervenido políticamente que le dio crédito a una denuncia de esta naturaleza y que no fue desestimada por irreal, parece un cuento del irrealismo”.
Tachó de “ridícula” y “temeraria” la acusación, por parecer inverosímil que un gobernador en ejercicio realice tal hecho.
“Eso demuestra cómo aquí en Táchira y en Venezuela a figuras políticas se utiliza el aparato judicial para hostigarlos”.
El dirigente señaló como grave que la vindicta pública haya admitido tal querella contra un gobernador, pues de acuerdo a la Constitución Nacional y las leyes del Estado, quien debe ordenar la investigación contra un mandatario regional es el Fiscal de la República y tramitar cualquier medida ante el Tribunal Supremo de Justicia.
“Sin embargo aun siendo el gobernador, la Fiscalía 23 abrió una investigación de la cual nunca tuve conocimiento, es decir durante tres años y medios fui sometido a una investigación y estuve en una situación de cuasi imputado porque en la carátula del expediente aparece como imputado el ciudadano César Pérez Vivas, me negaron el derecho al debido proceso de poner en conocimiento al investigado en cualquier grado o estado de la investigación”.
Con respecto a la inhabilitación política que recae sobre él, informó que el jueves pasado acudió a la Contraloría General para presentar un recurso de reconsideración “a la medida que Vielma Mora montó contra mí”, dijo.
“He sido víctima de un terrorismo judicial por parte del Partido Único de Venezuela, de sus dirigentes que mandan a estos payasos que no dan la cara pero que los convierten en los instrumentos de hostigamiento contra la oposición venezolana”.
Los hechos
El 16 de septiembre de 2011, Rolando Adolfo Centeno Ramírez se presentó en la sede del Comando Regional número Uno ante el Grupo Anti Extorsión y Secuestro para denunciar a Pérez Vivas junto al director de Politáchira, Jesús Alberto Berro, por exigir el pago de 40 bolívares a cada familia que vive en la Urbanización Los Teques para mantener funcionarios policiales custodiando a los habitantes.
De acuerdo al expediente judicial, el demandante se identificó como representante del Poder Popular en San Cristóbal y Comisionado de Seguridad Ciudadana quien después de ser llamado en reiteradas ocasiones a declarar para promover las pruebas no asistió, lo que conllevó a la Fiscalía 23 a cerrar la causa.
“No hubo suficientes elementos de prueba porque el denunciante nunca quiso volver al Ministerio Público a llevar un elemento de convicción, fue citado cuatro veces y fue renuente a asistir; lo que me extraña es que el Ministerio Público no le haya abierto una investigación por desacato a la justicia”.
Nota de prensa