El pasado sábado seis de junio se venció el plazo establecido por ley para que el Consejo Nacional Electoral CNE fijara y anunciara la fecha exacta de los comicios Parlamentarios, los cuales se deben anunciar con seis meses de antelación, es decir, que legal e institucionalmente deberían ser para el domingo 6 de diciembre.
La tardanza del CNE para fijar la fecha de estas elecciones, da lugar a una serie de comentarios que terminan por restarle credibilidad al ente comicial.
A mi juicio, no existen razones técnicas, ni logísticas, ni jurídicas para seguir alargando la decisión de fijar la fecha, porque el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (2009), es explícito en torno a esta delicada materia, al indicar que: “La convocatoria a elecciones es el acto público mediante el cual el Consejo Nacional Electoral fija la fecha de elección para los cargos de elección popular, en concordancia con los periodos constitucionales y legalmente establecidos”. Es decir, legalmente no existe discusión ni argumento alguno. Lo que existen son motivos políticos para que el CNE aún no decida anunciar la fecha de las parlamentarias y eso indica que el organismo electoral se encuentra en un estado de “Anomia inducida”, tanto por el gobierno, como por un sector de quienes representan a la oposición.
Ese término, significa, tal como lo explican los científicos sociales, un estado de todo lo malo que puede amenazar a una sociedad y a sus miembros: inseguridad, caos, aislamiento, alienación, desintegración social, crisis de orientación, tensiones y conflictos. Frente a ese posible drama, la Señora Tibisay Lucena se encuentra atrapada en su propio laberinto y se queda sin tiempo, al igual que el gobierno, dando chance para esperar que este último, revierta la tendencia electoral que le pronostica una aplastante derrota sin precedentes políticos.
Lo más grave, es que dentro del marco de especulaciones, se habla que el CNE pretende posponer la fecha de las elecciones parlamentarias para “El 16 de marzo de 2016”. Semejante irregularidad sería inadmisible y repudiable, no solo por lo anticonstitucional de la decisión, sino por el terrible desequilibrio social e institucional al que pueda conllevar.
El país en general, y la opinión pública sabe que son ellos los tramposos de siempre, los expertos en hostigamiento, los que enjuician y apresan a quienes protesten o se les opongan, quienes impiden y reprimen las manifestaciones públicas, quienes diseñan las circunscripciones electorales en forma ventajosa, que manejan el cronograma electoral de acuerdo a sus intereses, que inflan el Registro Electoral Permanente REP, quienes manejan las máquinas de inscripción como le da la gana, crean centros de votación en Consejos comunales afectos al gobierno, y son ellos, quienes nunca han dejado de hacer propaganda electoral con los medios y el dinero del Estado.
La verdad es que los candidatos del gobierno de Maduro, tienen mucho dinero público para la propaganda, pero en realidad son unos simples “bates quebraos” que no estimulan a nadie, no motivan, no hay manera de posicionarse electoralmente, perdieron su capacidad de convocatoria y, lo peor, es que perdieron la calle. Ejemplo de ello es el arranque de la campaña interna del Psuv, donde planificaron la estrategia “casa por casa” y el resultado fue que las familias, y los vecinos en general, los corrieron de las localidades que visitaron. Por todo eso, tienen por delante una terrible derrota y ante ésta, discuten la posibilidad de diferir las elecciones.
Para ello, darán impulso a una gigantesca campaña de manipulación mediática en la cual denunciarán magnicidios, golpes de Estado, guarimbas, intervención extranjera, junto con la agitación acostumbrada que saben hacer muy bien, para justificar el caos general y así suspender las garantías y aplazar el proceso electoral de las Parlamentarias. Tienen el libreto montado desde el Ministerio Electoral mejor llamado CNE.
Por Joaquin Chaparro O.
Twitter @joaquinchaparro